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La creación de un Estado socialista, así éste no se encuentre consagrado en la Constitución y lo niegue el presidente Chávez, sigue siendo un objetivo para cuyo cumplimiento el aparato estatal y partidista trabaja en diversos frentes. La estrategia se desarrolla, igualmente, de distintas formas, según asienta el abogado constitucionalista Gerardo Fernández, al advertir que el Gobierno pretende imponer, de contrabando, la reforma rechazada el pasado 2 de diciembre por los electores, apelando a leyes, planes, decretos, decretos-leyes, resoluciones ministeriales y vías de hecho.
No obstante las declaraciones del Presidente, quien advirtió que "todo lo que el Gobierno está haciendo se encuentra en la Constitución" y que los señalamientos sobre su intención de imponer la reforma de contrabando obedecen a "un recurso más para tratar de confundir", el también constitucionalista Ricardo Combellas, ex presidente de la Copre (Comisión Presidencial para la reforma del Estado), coincide con Fernádez.
Combellas invoca la Constitución para señalar que "los temas de la reforma sólo podrían ser abordados nuevamente en el próximo período constitucional", incluyendo la reelección presidencial indefinida, tema sobre el cual Hugo Chávez propuso, a principios de año, la celebración de un referendo: "La reelección indefinida está prohibida por la Constitución, que además consagra expresamente el principio del gobierno alternativo, el cual sólo puede ser modificado por una Asamblea Nacional Constituyente. Cualquier otra vía y nunca en el actual período, es inconstitucional e ilegítima".
Si bien ese tema, considerado como el objetivo central de la reforma, permanece en el congelador a la espera de mejores tiempos, otra de las propuestas fundamentales contenidas en la frustrada reforma constitucional, a juicio de Fernández, es "la transformación del Estado y su ideologización, consagrando un modelo de Estado socialista, en sustitución del Estado democrático y social de Derecho y justicia. Y esto lo ha venido haciendo por vías que violan el texto constitucional".
Fernández destaca, entre las vulneraciones, "los planes que tienen por objeto la transformación económica y social del Estado en un modelo económico socialista. Con tal fin activó la Comisión Presidencial para la Formación Ideológica y Política y la Transformación de la Economía Capitalista en un modelo de Economía Socialista, que persigue el estudio, formulación, coordinación, seguimiento y evaluación del Plan Extraordinario Misión Che Guevara".
También cita Fernández el Primer Plan Socialista Simón Bolívar, para el desarrollo económico y social de la Nación 2007-2013, que establece como líneas programáticas la nueva ética socialista, la suprema felicidad social, la democracia protagónica revolucionaria y la nueva geometría nacional".
Por su parte, Combellas resalta que sí es posible levantar la bandera ideológica del socialismo, en el marco de la actual Constitución y dentro de los moldes del Estado social y democrático de Derecho y de justicia, que garantiza la propiedad privada y la economía mixta, pero, advierte: "La política de nacionalizaciones y la agresiva reducción de los espacios de actuación de la iniciativa privada que adelanta el régimen de Chávez constituyen el mayor mentís de ese principio fundamental de la Constitución".
Para Fernández se trata de concretar, en la práctica, la creación de un capitalismo de Estado que violenta el derecho a la propiedad de los particulares, ocupa militarmente la agroindustria, utiliza la expropiación como herramienta de amedrentamiento y procede a confiscaciones de hecho: "Con la reforma constitucional se planteaba la posibilidad de que el Estado, bajo el supuesto de una seguridad alimentaria amenazada, pudiera intervenir cualquier sector productivo y transferirlo a organizaciones sociales, ocupando de manera previa bienes particulares, sin orden judicial, violando el derecho a la defensa y al debido proceso, sin una justa indemnización. Esto no fue posible establecerlo constitucionalmente, pero ahora se concreta en el decreto ley, dictado por el Presidente, denominado Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que Afecte el Consumo de Alimentos o Productos Declarados de Primera Necesidad o Sometidos a Control de Precios.
Como guinda del pastel, Fernández recuerda que el ministerio de Finanzas anunció el cambio de régimen de propiedad privada promoviendo la modificación del Código de Comercio, aun cuando no es ese código, sino el civil, el que regula la propiedad.
Un ámbito dentro del cual se pretende, según ambos constitucionalistas, promover un cambio de fondo en la estructura constitucional, es el educativo. Según Combellas, los principios constitucionales de autonomía universitaria y de libertad de enseñanza "no pueden disminuirse en ningún caso, pues ello afectaría la estructura fundamental de la Constitución. La autonomía universitaria, consagrada en el texto de 1999, se fortaleció con el rechazo a la reforma en 2007 y por ende cualquier restricción, vía decretos o de legislación, debe verse con sumo cuidado por sus implicaciones en la vulneración del principio autonómico". En el caso del currículo escolar, marcado por un fuerte tinte ideológico, la situación es mucho más grave porque se vulnera el núcleo esencial de derecho humano fundamental de rango supraconstitucional".
Para Fernández el diseño curricular impone una profunda ideologización socialista y un nuevo enfoque de la Historia venezolana: "El objetivo es profundizar el proceso revolucionario, la ideologización de la nación y la formación del "nuevo ciudadano".
Otra de las violaciones constitucionales que se pretende consumar es la usurpación de las competencias que corresponden a estados y municipios por parte del poder nacional, contraviniendo el modelo de Estado federal descentralizado y consagrado en la Constitución de 1999.
Combellas se refiere al proyecto de reforma de la Ley de Descentralización que adelanta la Asamblea Nacional , aprobado en primera discusión, donde "se establecen principios y normas que violan el postulado de Estado federal dirigidos a la reversión del proceso de descentralización, así como la posibilidad de intervención, por parte del Ejecutivo nacional, de bienes y servicios públicos transferidos a los estados en 1989". La aprobación de esa ley, advierte, "significa la muerte del proceso de descentralización, con nefastas consecuencias para la gobernabilidad".
Fernández cita como ejemplo el pase de la Policía Metropo- litana, desde la Alcaldía Mayor al Ministerio de Relaciones Interiores: "Se despojó al Distrito Metropolitano, inconstitucionalmente, de una de sus competencias exclusivas, en violación del principio de autonomía municipal y se pretende centralizar el servicio de policía para restarle potestades y competencias en este ámbito a los gobiernos estadales y munici- pales".
De igual forma recalca la eliminación de una gran cantidad de estaciones recaudadoras de peajes a partir de enero de este año y la discusión de tres leyes, en la Asamblea Nacional, que le permitirán al Gobierno asumir exclusivamente la administración de las carreteras, los puertos y los aeropuertos del país.
Advierte sobre la proliferación de los consejos comunales "como herramientas del control ciudadano y a la centralización institucional e instauración del ya rechazado Poder Popular", además de la creación, mediante decreto presidencial, de zonas agroalimentarias en Zulia y Barinas bajo la autoridad del poder central.
Hasta el 30 de junio de este año el Presidente tendrá la potestad de regular todos los ámbitos en los cuales se mueve la sociedad de manera genérica y Fernández enumera el alcance de esos poderes extraordinarios: la transformación de las instituciones del Estado, la participación popular, los valores esenciales del ejercicio de la función pública (económico, social, financiero y tributario), la seguridad ciudadana y jurídica, ordenación territorial, seguridad y defensa".
En cuanto a la Fuerza Armada, Fernández sostiene que la creación del Comando Nacional de la Reserva y la constitución de siete batallones de Reserva "significa la institucionalización de la guerrilla y de una fuerza armada paralela. Suerte de guardia pretoriana bajo control directo del Presidente. Además de multiplicarse las vías de hecho para instaurar la FAN bolivariana, estamos ante la militarización de la sociedad y un brazo armado de la revolución".
Combellas trae a colación una iniciativa contenida en la reforma y que, sin embargo, el Gobierno no se ha preocupado en promover, no obstante su alcance de contenido social: "La reducción de la jornada laboral a 36 horas semanales no vulnera el Estado constitucional, sino más bien lo leva a la praxis social en un momento propicio como lo es la celebración del 1 de Mayo.
Finalmente Combellas advierte que las implicaciones de los cambios extraconstitucionales, como podría ser "un peligroso proceso de desligitimación, activa automáticamente los artículos 330 y 350 del texto constitucional", lo cual, a su juicio, "abre las puertas al desconocimiento popular del régimen, legislación o autoridad que contraríe valores y principios fundamentales de rango constitucional".
El Universal
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