En víspera de las elecciones para escoger los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para los comicios regionales de noviembre, el presidente Hugo Chávez recordó a los precandidatos que el proyecto es uno solo: la construcción del socialismo; y el enemigo también: el imperio norteamericano.
Tras recordar que el Gobierno estadounidense ha atacado el proyecto que encabeza por todos los flancos, el mandatario citó "como ejemplo reciente" de estos ataques las críticas a la nueva Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia.
"Es una ley antiimperialista para apuntalar la seguridad integral de la Nación. Es una ley antigolpista. ¡Ah!, pero apenas salió en Gaceta (...) los titulares de los grandes diarios y las televisoras atacándola y tratando de confundir: que es una ley represiva contra el pueblo y los periodistas", esgrimió Chávez, desde el Teatro Teresa Carreño, donde cerró la campaña de los precandidatos.
Recordó que durante la tragedia de Vargas (1999) comisarios de la Disip actuaron en contra del pueblo y en los hechos de abril de 2002 muchos de sus funcionarios estaban comprometidos con el golpe. "Eso todavía está contaminado, por tanto hemos creado una ley para unificar y crear un nuevo cuerpo de inteligencia y contrainteligencia estratégica", argumentó, para luego revelar que pidió a su vicepresidente salir a defender "esa Ley antiterrorista y que creará verdaderos organismos de inteligencia de alta política".
Destacó como positivo que el instrumento permita la desclasificación de documentos.
Durante su discurso, transmitido por VTV, el mandatario instó a los militantes del PSUV a votar masivamente durante las elecciones de hoy y a respetar los resultados: "Yo les mando, despliéguense a la batalla y a la gran victoria de mañana (hoy), por la patria, por el socialismo", dijo.
Le recordó a los precandidatos que "aquí nadie viene con un proyecto personal (sino) (...) comprometido con el proyecto revolucionario, con el socialismo. Aquí no hay proyectos ni de grupitos ni de partiditos ni de sectas".
El también presidente del PSUV advirtió que cada gobernación y alcaldía es importante "y hay que ganarlas todas para darle un piso mucho mas sólido a la segunda transición hacia el socialismo". Empero hizo énfasis en evitar a toda costa que la oposición obtenga alguna de los espacios de poder del centro del país. "Con un sólo cargo prepararían la desestabilización".
Rechazó la acusación del gobernador del Zulia Manuel Rosales, según la cual el chavismo estaría "comprando" candidatos de oposición. Para Chávez algunos de los adversarios "dan señales de un comportamiento racional en lo politico", pero Rosales "por ser peón del imperio" siempre va a cuestionar cualquier acercamiento al Ejecutivo.
Chávez tiene previsto votar, a las 9 am, en la Escuela "Manuel Palacio Fajardo", en la parroquia 23 de enero.
El Universal
"El Poder Judicial estará sometido al Ejecutivo"
Los abogados Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, en representación de la organización Víctimas Venezolanas (VIVE) rechazaron el Decreto Ley del Sisitema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, por considerarlo violatorio de los derechos humanos.
Himiob destacó, que "el decreto convierte especialmente a los funcionarios del Poder Judicial en funcionarios de inteligencia o de contrainteligencia sometidos al Poder Ejecutivo y les obliga también a cumplir con las obligaciones que en este sentido les imponga el Gobierno, lo que viola la autonomía del Poder Judicial".
"También es muy grave que el decreto permita al Gobierno utilizar medios técnicos para la obtención de información (como grabaciones telefónicas, interceptación de comunicaciones, y similares) sin cumplir con los requisitos previstos para ello en el COPP y que se establezca además un esquema de protección de la identidad de los informantes o delatores, que se implementa por cualquier medio necesario no sujeto al control judicial ni a las previsiones de el COPP o de la Ley Sobre Protección de Víctimas, Testigos y Otros Sujetos Procesales, sostuvo en declaraciones reportadas por Globovisión. "Las autoridades judiciales están además obligadas a garantizar (Art. 23) la protección de la información recabada por las actividades de inteligencia o contra inteligencia. Es decir, están sometidas al Poder Ejecutivo para su difusión y procesamiento, aún cuando éstas puedan ser del interés de todos los ciudadanos."
Romero, por su parte, destacó sobre la gravedad del artículo 2°, numeral 4°, el cual obliga a los empleados de las empresas (públicas o privadas) de custodia, prevención y seguridad que protejan "instalaciones o bienes de interés estratégico" a acatar las disposiciones del decreto.
La Ley de Inteligencia va contra la Constitución de 1999
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El oficialismo celebró la Constitución de 1999 como una victoria significativa, ya que logró imponer su estrategia e incorporó sus reivindicaciones; en realidad todo lo correspondiente a los derechos humanos y garantías, con especial referencia a los derechos civiles, tenía su origen en la Comisión Bicameral de Reforma Constitucional presidida por Rafael Caldera, que consultó a los más conocidos especialistas en la materia.
La oposición reaccionó criticando muchos de sus aspectos, sin reconocer la importancia de sus bondades. Ahora en cambio el socialismo radical desconfía de la Carta Magna y quiere modificarla, mientras la disidencia reconoce el territorio ganado a favor de las libertades.
La Constituyente no se conformó con enunciar derechos, sino que incluso los desarrolló y consagró la defensa y la asistencia jurídica como derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. la presunción de inocencia, el derecho que toda persona tiene a ser oída y notificada de los cargos por los cuales se le investiga, acceder a las pruebas y a disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Más aún quedó establecido en forma indubitable que "serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso".
En el día de hoy nadie discute el carácter garantista de la Constitución de 1999; por eso el oficialismo quiere limitar sus beneficios, cuando ve con preocupación los instrumentos de protección que les suministró a los ciudadanos: porque las autoridades consideran que es insuficiente el control de todos los poderes, ya que a los venezolanos les queda la alternativa de recurrir a la Corte Interamericana y la vigencia de los Tratados internacionales.
En ese contexto se promulgó el 28 de mayo la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contra Inteligencia, donde el Capitulo V, De la Actividad Probatoria, Artículo 20, Principio de Legalidad de la Prueba, les da carácter probatorio a las informaciones, documentos y objetos inherentes a la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, obtenidos en la actividad operativa y de investigación cuando esas diligencias son necesarias y urgentes, en el supuesto de que recaigan sobre hechos definitivos o irreproducibles, o exista temor fundado de su extinción o desaparición.
En ese escenario, sin requerir orden judicial o participación fiscal, por tratarse de una situación excepcional que deberá ser justificada mediante acto motivado, las resultas tendrán el carácter de prueba técnica y serán libremente incorporadas al proceso judicial.
A todas éstas, en el artículo citado se afirma con el mayor descaro que se permite posteriormente la materialización del derecho a la defensa; sin embargo, en el camino, cualquier procedimiento de estas características vulnera principios constitucionales fundamentales y el contenido del artículo 49 en su totalidad. Más aún, se prevé en el artículo 21 la confidencialidad o secreto de la prueba, por lo cual se puede proceder a su incorporación sobrevenida en la fase procesal oportuna y correspondiente, garantizándose siempre el derecho a la defensa de los procesados.
Nos deja estupefactos que se recaben unas pruebas sin control judicial, se puedan esconder durante lapsos indefinidos y presentarse como un acto de magia, en el momento en que discrecionalmente las autoridades lo crean oportuno. Es la indefensión absoluta frente al poderoso régimen.
En otras normas se contempla el esquema cubano de espionaje entre ciudadanos, con el componente señalado por las autoridades del compromiso ideológico que implica para los nuevos funcionarios la vigencia de esta ley.
El texto sin lugar a dudas es inconstitucional y una Comisión de Juristas debe presentar ante la Suprema Corte un razonado recurso de nulidad.
El oficialismo logró por la vía legal lo que no pudo obtener a través del referendo del pasado 2 de diciembre, porque una mayoría democrática de estudiantes, trabajadores, amas de casa y el pueblo en general se le opusieron con el voto. La abstención de tres millones de oficialistas tienen un significado de "silencio de leones".
Se coloca a la población en un estado de indefensión y se cumple la amenaza que ha circulado desde hace un tiempo, en cuanto a que los opositores del régimen permanecen en una especie de "libertad bajo fianza", sólo que antes quedaba la esperanza de la protección del ar- tículo 49 de la Constitución vigente y ahora quedan la prensa, la radio y la televisión, limitados por la manipulación de la publicidad oficial, los dólares de Cadivi, las actuaciones de Conatel, el Seniat y el miedo generosamente potenciado por las autoridades.
Denunciar las violaciones contra la Carta Magna es hacer conocer, revelar, descubrir nacional e internacionalmente la imposición del pensamiento único, lo que obliga a una inmensa movilización de la sociedad contra el poder.
La ley en discusión es un atentado despiadado y calculado contra los derechos humanos de los venezolanos.
El Universal
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