La nueva normativa que regirá el sistema de seguridad del país sigue generando polémica. En esta oportunidad las críticas surgen del sector educativo por la amenaza que esta ley sea parte del programa de estudios de niños y jóvenes.
A esta conclusión arriba el investigador de la Escuela de Educacion de la UCV, Tulio Ramírez, al estudiar los objetivos del área de Ciencias Sociales y Ciudadanía, del Currículo Bolivariano.
El aspecto que llama la atención de Ramírez es el referido a que los alumnos deberán "valorar la realidad social de su localidad, región y nación a través de acciones vinculadas con el entorno, que permitan el desarrollo y apropiación de la conciencia histórica y sentido de pertenencia en el ejercicio de la soberanía nacional como deber y derecho indeclinables ante las posibles amenazas y riesgos de orden externo e interno que puedan limitar la autodeterminación de la nación venezolana...".
Sin pecar de extremista, el docente advierte que segun la Ley, el estudiante "deberá ejercer acciones de contrainteligencia con el fin de indagar sobre informaciones y documentos que se produzcan sobre las formas de actuación, dentro del territorio nacional, ejecutadas por personas naturales y jurídicas", argumentó.
Para el docente de la UCV es necesario alertar a todos los padres y docentes porque "nuestros muchachos serán obligados a crear redes de contrainteligencia social en las localidades. Harán bueno el llamado que hizo Isturiz a militancia del PSUV en Caracas: vayan y busquen cuáles son nuestros enemigos", recordó.
Otro aspecto que destaca Ramírez, más allá de que fue eliminado de la última versión del CB, es que en un primer momento estuvo planteada la formación de redes de espionaje en las comunidades por los alumnos para informar sobre supuestos actos contra la soberanía. Aspecto, que a juicio de investigador, sería retomado con la entrada en vigencia de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia.
El UniversalGobierno niega que la Ley de Inteligencia violente garantías
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A "razones políticas o de conveniencia" atribuyó el ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, las críticas formuladas en contra de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. A su juicio, el texto legal no coarta la libertad de expresión y mucho menos violenta el derecho a la defensa y al debido proceso. Por el contrario, norma los servicios de los órganos encubiertos para evitar "las atrocidades y atropellos" que se cometían en el pasado.
En rueda de prensa y con la ley en la mano, intentó ser "didáctico" para explicar los alcances de los artículos 19, 20 y 21, referentes a la reserva de los medios y la actividad probatoria. Comparó la potestad que le otorga esta ley a los funcionarios de inteligencia para actuar "sin orden judicial o fiscal" con la figura de la flagrancia.
"Si usted va a realizar un allanamiento, busca a testigos que, con un acta, presencien el procedimiento. Eso lo garantiza la ley, de la misma forma que se hace en el caso de una flagrancia. Ahora, si no hay testigos, el funcionario de inteligencia evidencia el delito y, con un acto motivado, lo puede incorporar como prueba al proceso penal, donde puede ser refutada (...) En muchas ocasiones no hay tiempo para buscar un fiscal", dijo.
Alegó que antes los organismos de inteligencia estaban limitados, porque "obtenían pruebas válidas en un proceso de seguridad de Estado y no podían presentarla en un juicio".
Asimismo, comparó la confidencialidad o secreto que le pueden otorgar a las evidencias con la reserva de la prueba. "He conocido varios casos penales donde hay una figura jurídica que se llama reserva de la prueba, en donde una persona, según el COPP, puede ser imputada de un delito pero se reservan las pruebas para no interferir en la investigación. Esa figura existe en el país, no se está inventando".
Negó que el texto legal promueva el "sapeo" o la delación por contemplar la obligación de los ciudadanos de "colaborar" con las autoridades en la obtención de información. "Si usted ve a unas personas que están planificando un delito horroroso, un magnicidio, metiendo paramilitares en el país, vendiendo secreto de Estado y no los denuncia, ¿cómo se llama eso? Es cómplice. Todos los venezolanos tenemos corresponsabilidad".
El Universal
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