Con la publicación en la Gaceta Oficial N° 38.949 del decreto 6.156 con rango, valor y fuerza de ley derogatoria de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, se hizo efectivo el anuncio del presidente Hugo Chávez de dejar sin efecto la polémica normativa de 29 artículos y dos disposiciones transitorias, promulgada el pasado 28 de mayo.
Aunque Carlos Correa, director de Espacio Público e integrante de la Coalición Pro Acceso, considera positiva la medida, advierte que ahora lo importante es que el Parlamento no sólo garantice una consulta amplia y plural, sino también que respete la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
"Uno espera que los parlamentarios hagan un debate real y no cometan el error de hacerse coro de instrumentos legales que han sido aprobados pero que no han sido analizados ni debatidos suficientemente. La rectificación del Presidente debe traducirse en un proceso democrático, que permita la elaboración de un instrumento legal que se ajuste a esos estándares establecidos en el ámbito de los derechos humanos. Esto ratificaría el compromiso del Estado con los valores democráticos", sentenció Correa.
No obstante, el activista por los derechos humanos recordó "experiencias infelices" que se han registrado en el trabajo de la Asamblea Nacional, cuando los parlamentarios han irrespetado los "principios asociados a la elaboración legislativa".
"Esperemos que ahora haya parlamentarios que planteen estos temas y se dé el debate. En otras oportunidades hemos tenido experiencias que no han sido felices", apuntó Correa, para quien esta experiencia debería constituirse en un aprendizaje para el Gobierno, en el sentido de que "quizá el modelo de ley habilitante no es el modelo más apropiado para la producción de leyes".
Para la ex presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, "más que ocuparnos que si la Asamblea Nacional tiene una actitud y una fuerza moral para hacer esto, que obviamente no la tiene, nos debemos preocupar por una aplicación de hecho de las normas establecidas en ese texto".
Destacó que la "presión popular" ejercida contra el Ejecutivo obligó al primer mandatario a derogar la normativa. "La sociedad civil ejerció una función que, yo diría, fue de juez de control constitucional de una ley totalmente violatoria de los derechos fundamentales".
El Universal
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