Aun cuando amenazó con realizar una cadena de todo un día para "pulverizar" las mentiras que, a su juicio, publican los medios de comunicación, el presidente Hugo Chávez prefiere asumir a diario el rol de "boxeador": "Dame que yo te doy" y, bajo esta prédica, ayer negó, periódicos en mano, que el proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y los Servicios Postales esté en manos del Ejecutivo nacional.
"Tienen un alboroto montado con una ley que dicen que ya está lista en la Asamblea (Nacional). Primero dijeron que era de la Habilitante, luego que es de la Asamblea. Bueno, la Asamblea lo ha desmentido. Ya mi período Habilitante terminó, así que nosotros no tenemos ninguna ley pendiente, tampoco está en la Asamblea Nacional, pero ellos arman igual todo un alboroto", dijo el mandatario en cadena nacional, luego de cuestionar los "intentos desesperados de la oligarquía pitiyanqui".
Advirtió que El Nacional y El Universal "compiten a ver quién se arrastra más", dejándo claro que "no volverán". "No sé quién se va a morir primero, ojalá ustedes vivan largos años, ojalá más que yo, pero ustedes pitiyanquis, dueños de estos periódicos, de las televisoras, se van a ir a la tumba con su amargura, nosotros con este amor".
Resaltó que desde hace 10 años los "pitiyanquis" dicen "viene el lobo, viene el lobo", cuando en 2002 no cerró a medio de comunicación alguno, pese a que "me dieron la oportunidad de oro". "No me la den otra vez, no me la vayan a dar otra vez", amenazó durante una reunión con la comisión de transición de las empresas cementeras.
Descartó que vaya a dictar una ley para limitar la libertad de expresión, "ya tenemos una Constitución, unas leyes" y prefiere "el debate ante el país y ante el mundo". "Ustedes me acusan de dictador, yo los acuso de pitiyanquis".
En este sentido, se describió como un "soldado revolucionario, enemigo de las dictaduras". "Ustedes están empeñados en llamarme dictador, síganlo haciendo. Yo seguiré llamándolos como creo que hay que llamarlos: vendepatria, pitiyanquis y arrastrados".
"Al pichón de Nerón"El mandatario advirtió a la oposición que "pierde el tiempo" al recoger firmas en contra de los últimos 26 decretos-ley promulgados por el Ejecutivo para luego consignarlas ante la OEA, pues "ningún ente internacional tiene nada que ver con las leyes de un país".
"Ese es un problema interno, la OEA no tiene nada que ver en esto", apuntó, para luego asegurar que los "pitiyanquis se están moviendo por todos lados, hasta han ido al Mercosur, a las cortes internacionales de no sé qué cosa" con el propósito de convertir a "Venezuela en un Estado tutelado". "Nosotros respetamos a todos los entes internacionales, pero primero que nada respetamos nuestra soberanía".
A su juicio, la oposición prepara el terreno al "pichón de Nerón", en referencia al dirigente juvenil Yon Goicoechea, quien "dijo 'vamos a incendiar esta ciudad", comentó Chávez.
De Londres a CaracasPreviamente, Chávez y Aristóbulo Istúriz, candidato del PSUV a la Alcaldía Mayor, se reunieron con el ex alcalde de Londres Kenneth Livingstone, quien brindará asesoría en la creación de la policía comunal y la modernización del transporte público. "En un período de 20 años, Caracas puede transformarse en una ciudad del primer nivel", garantizó Livingstone.
Sin despejarse dudas sobre cuál Poder Público tiene el texto
¿Dónde está la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y Servicios Postales? ¿Es un proyecto o una ley como tal? A partir de la publicación del contenido de una propuesta, preguntas como éstas cobran fuerza. La razón: Las declaraciones contradictorias que voceros de los distintos poderes públicos han ofrecido sobre la norma.
El martes en la mañana la ministra de Telecomunicaciones, Socorro Hernández, en declaraciones a VTV afirmó que el texto difundido era "uno de los borradores" elaborado por el Ejecutivo en el marco de la Ley Habilitante. No obstante, aclaró que "estamos llevándolo ahora a la Asamblea Nacional" y prometió que "va a ser sometido a consulta".
Horas después, ese mismo día, el presidente de la Comisión de Medios del Parlamento, Manuel Villalba, negó que el Legislativo tenga algún proyecto para regular las telecomunicaciones en el país. "Aquí no hay ningún proyecto de ley por ahora", aseveró.
Ayer, en la cadena de radio y televisión que ofreció al mediodía, el presidente Hugo Chávez también se refirió al asunto y aseguró que el Gobierno no tiene "ninguna ley pendiente". No obstante, no despejó si en efecto su tren ministerial elaboró algún instrumento para regular la telefonía, los medios audiovisuales y la Internet.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 1.257 de fecha 31 de julio, redactada por la magistrada Luisa Estella Morales, afirmó haber recibido el 29 de julio "un ejemplar" de la norma, dictada "con base en el numeral 10 del artículo 1 de la Ley que autoriza al Presidente a dictar decretos con rango, valor y fuerza de Ley".
El texto fue remitido con el propósito de que la intérprete de la Carta Magna determinara si tenía el carácter orgánico, tal y como lo calificó el Ejecutivo. En el dictamen se consideró asertado el criterio del Gobierno, pues el documento regula "el régimen de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, nociones asociadas al derecho constitucional a la comunicación y acceso a la información".
La versión de que la ley es un borrador también queda desvirtuada con el pronunciamiento del máximo juzgado. El motivo: El TSJ sólo revisa, interpreta o conoce acciones contra leyes aprobadas no contra propuestas.
"Cualquier acción debe ser presentada después del referendo cuando la reforma ya sea norma, porque no podemos interpretar una tentativa de norma. Después de que el proyecto sea una norma podríamos entrar a interpretarla y a conocer las acciones de nulidad", afirmó Morales en agosto de 2007, cuando se le consultó sobre la oportunidad para demandar la nulidad de la fallida reforma constitucional.
Consejos comunales prestarán servicios de telecomunicaciones
Reforzar la participación ciudadana con la creación de mecanismos y políticas que permitan a los ciudadanos tomar parte en la gestión y prestación de servicios de telecomunicaciones, informática y postales, así como su contraloría, es uno de los objetivos establecido en el decreto presidencial identificado con el número 6.244, por medio del cual se promulgaría la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales.
De acuerdo con la exposición de motivos del documento, desde la promulgación en el año 2000 de la anterior Ley de Telecomunicaciones, la ciudadanía no ha ejercido efectivamente la prestación directa de servicios o el control de los mismos. Por esta razón, se decide afianzar legalmente la incorporación de las comunidades al crear un apartado dedicado a la participación en la nueva norma.
Según el artículo 60 de la ley, "el Ejecutivo promoverá la participación de la comunidad a través de la promoción de espacios que sirvan a su incorporación (...) en el desarrollo, aplicación y uso de las telecomunicaciones, informática y servicios postales"; así como también estimulará a la poblción a identificar sus necesidades en la materia y autosatisfacerlas.
La primera tarea será compartida con los operadores de los servicios de telecomunicaciones, pues el apartado 61 sostiene que deberán generar mecanismos de comunicación "efectivos y protagónicos" con las comunidades, para garantizar la participación de las mismas en ese ámbito.
Para el abogado Gabriel Ruan esto significa una nueva carga para los operadores privados, pues "estarían obligados a ceder espacios, en el más ampio sentido de la palabra, a los usuarios y organizaciones creadas por el Estado".
Control compartidoEn materia de control, la ley establece que el Estado impulsará el desarrollo de mecanismos que estimulen a las "organizaciones sociales de base" a participar en las actividades de regulación realizadas por el Gobierno en el sector de las telecomunicaciones.
Entre dichas labores, se incluye "la formulación, planificación, intercambio, administración y contraloría de la gestión pública en el desarrollo, aplicación y uso de las telecomunicaciones".
Además, las comunidades también podrán ejercer labores de defensa y control fuera del ámbito gubernamental, bien sea creando organizaciones para defender los derechos de los usuarios o aportando información al Ministerio de Telecomunicaciones e Informática sobre la calidad de la prestación de los servicios regulados por esta ley, según lo indican los artículos 63 y 65 de la norma.
Otra de las novedades se refiere a los medios comunitarios y alternativos, que bajo la denominación de "sistema nacional de comunicación popular, alternativa y comunitaria", recibirán apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones e Informática. Ahora bien, el marco legal no explica qué tipo de ayuda otorgará o de qué manera.
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