Viene otra Reforma (31)

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en un pronunciamiento oficial, ratificó su cuestionamiento a la delegación legislativa del Parlamento en el Poder Ejecutivo y precisa que los 26 decretos-ley recientemente publicados en Gaceta, "presentan un contenido restrictivo a los derechos fundamentales, consagran principios y fines de un solo pensamiento ideológico, modifican normas constitucionales sin el debido procedimiento democrático de consulta", lo que configura su inconstitucionalidad.

Por los muchos vicios del referido paquete legislativo, los académicos estiman necesario demandar la inconstitucionalidad y nulidad, de acuerdo con la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública.

Si bien varios de los académicos manifestaron no abrigar ninguna esperanza de que se restituya el derecho violentado, señalaron la necesidad de agotar todas las vías institucionales, porque sólo así tendrá sustento el apelar al artículo 350 de la Constitución, relativo a la desobediencia civil, sobre el cual se manifestaron proclives, a título personal, Tatiana de Maekelt y René de Sola.

Entretanto, las cuestionadas leyes están en plena vigencia, admitieron.

La profesora Maekelt, presidenta de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, leyó en rueda de prensa el comunicado, en compañía de nueve individuos de número, así como de los presidentes de las academias de la Lengua, Oscar Sambrano Urdaneta; de Medicina, Antonio Clemente; de Ciencias Físicas y Matemáticas, Claudio Bifano y de Ingeniería y Hábitat, Aníbal Martínez.

La Academia alerta que los decretos "alteran el equilibrio entre poderes" e "irrespetan la voluntad popular" expresada el 2 de diciembre de 2007 cuando se rechazó la "reforma constitucional ideologizada y sustitutiva del sistema democrático". Además, "evade el control ciudadano" y "la inviolabilidad y la progresividad de los derechos humanos".

Que renuncien todos

Alfredo Morles Hernández, luego de la lectura del texto, reforzó la posición de la academia y señaló que el paquete legislativo "es una deliberada y grave violación constitucional y una burla a la voluntad popular".

Morles fustigó con dureza a los magistrados de la Sala Constitucional, a quienes instó a renunciar a sus cargos, porque no cumplen con su deber de ser imparciales y "prefieren mantener la ventaja de uno de los contendores (Gobierno) en contra de los principios más elementales del Derecho Contitucional", así como "prefirieron acogerse a la vergüenza pública de sus decisiones, como ha ocurrido con las inhabilitaciones, a tener que enfrentar el temor de decirle que no al Presidente (Chávez)".

Instó también a dimitir al magistrado Pedro Rondón Haaz, quien "serviría mejor al país renunciando, que prestándose a darle un barniz de legitimidad a la Sala Constitucional".

El ex magistrado Román Duque Corredor, en su turno, aseveró que el paquete de 26 leyes "estatizan la intimidad" de los venezolanos, porque "permiten al Estado definir cómo divertirse, qué comer, cómo transitar, cómo vivir, qué comprar. Lo que está en juego es el derecho a la intimidad y el derecho al desenvolvimiento de la personalidad", alertó.

El ex magistrado René de Sola aseveró que las 26 leyes "son un fraude al referendo constitucional" y recordó que la Constitución es muy clara al señalar que "ni aun por la vía de una enmienda es posible plantear nuevamente la misma materia de la reforma constitucional en el presente período".

La ex magistrada Josefina Calcaño de Temeltas comentó al margen la posibilidad de solicitar la inhibición de los magistrados de la Sala Constitucional cuando se recurra a la solicitud de nulidad y, en caso de que se nieguen, como es de esperarse, recusarlos.

Un ejército somocista

Tatiana de Maekelt comentó que a manera provisional -por cuanto no han revisado detalladamente la totalidad de las leyes del paquete- le preocupan varios aspectos, entre ellos la amenaza a la propiedad privada, lo relativo al suministro de alimentos y la reforma de la Ley de la Fuerza Armada Nacional.

"Una de las leyes prevé la posibilidad de una expropiación sin que sea considerada la utilidad pública previamente, lo cual es insólito".

En cuanto a la reforma militar aseveró que "la legitimación de la milicia convierte a este cuerpo en una especie de ejército político propio de los regímenes totalitarios, propio de la fenecida Unión Soviética, del gobierno de (Augusto) Pinochet (Chile) o de (Anastasio) Somoza (Nicaragua). Es un ejército paralelo que obedece a una sola persona, que es el Presidente".

El Universal