Cecilia Sosa, quien se autodefine como una jurista que pretende aterrizar sus análisis sobre la realidad , identifica como elementos centrales, en el paquete de las 26 leyes, la desaparición de los derechos individuales, incluso el de la propiedad privada ("todo está declarado de utilidad pública"). Así mismo califica de aberrante el argumento oficialista que vende las leyes como un mecanismo para transferir más poder al pueblo, cuando la verdadera intención es "entregar todo el poder "al jefe".
También encuentra tres elementos que cruzan transversalmente el conjunto de leyes: los Consejos Comunales como mecanismo de control social, la ley de la Fuerza Armada y el surgimiento de otros tipos de propiedad, distintos a la privada, que privilegian lo colectivo sobre lo individual.
Sólo que, advierte, la concentración de las actividades (productivas y no productivas) en un estado monopólico y centralizador, hacen de éste el único propietario de los medios de producción e incluso de los bienes de consumo (en la ley de vivienda no se habla de propietarios sino de adjudicatarios), así como el gran regulador de la vida social y política, convirtiendo al ciudadano en un siervo cuya suerte está atada al arbitrio de aquel superpoderoso estado.
Cita el caso de los Consejos Comunales, una forma organizacional presente en todas los decretos leyes y aunque advierte que en principio la idea resulta loable, "el gobierno no puede pretender cargar sobre estos órganos de representación popular la responsabilidad de ejercer la satisfacción de los derechos ciudadanos".
Sostiene, por ejemplo, que los Consejos Comunales asumen funciones vitales en la ley de defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios y se convierten en una suerte de policía social (Comités de Defensa Integral de la Nación) en la ley de la FAN, copiando el modelo cubano de los comités de defensa de la revolución.
A su juicio esas funciones (que en el caso de la FAN reeditan aspectos de la ley de Inteligencia y Contrainteligencia ya desechada) hacen de los miembros de los Consejos Comunales, antes que representantes de sus comunidades, meros funcionarios públicos, burócratas con horario a tiempo completo, salario establecido y debida sujeción a su patrón.
También juzga la ley de la Fuerza Armada como un intento por militarizar a la sociedad civil (los civiles se convierten, en militares profesionales) y más grave aún, se refiere a la creación de las "Regiones de Defensa Integral", a cargo del Comandante de la zona y de su estado mayor, cuyas funciones incluyen la coordinación , organización y supervisión de "actividades civiles", así como "participar activamente en el desarrollo de la región".
Así, además de las autoridades regionales creadas en la ley de Administración Pública y otras Instituciones del Estado, el estamento militar también se superpone a las atribuciones de gobernadores y alcaldes.
Sosa observa graves dificultades a la hora de aplicar las leyes y piensa que la resistencia democrática y la participación electoral son salidas para evitar el colapso y la violencia que pueden generarse.
El Universal
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