Venezuela expulsa al jefe de una ONG por un informe crítico con Chávez
El Gobierno venezolano expulsó el jueves por la noche a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, horas después de la divulgación de un crítico informe de esa organización humanitaria sobre la acción del Ejecutivo del presidente Hugo Chávez.
Vivanco "ha violentado la Constitución y las leyes" de Venezuela, "agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana e inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos del país", señaló el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado.
Por ello, el Gobierno "ha decidido expulsar del territorio venezolano al referido ciudadano", portador de un pasaporte chileno, y al estadounidense Daniel Wilkinson, también miembro de HRW, puntualizó.
El Estado venezolano debe "hacer respetar la soberanía nacional (...) frente a agresiones de factores internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de los Estados Unidos de América, que tras el ropaje de defensores de derechos humanos despliegan una estrategia de agresión inaceptable para nuestro pueblo", añade el comunicado.
En declaraciones a la televisión oficial, el canciller Nicolás Maduro confirmó que Vivanco, que había llegado a Caracas para presentar el informe de HRW, ya se encuentra fuera del país. La expulsión "es un mensaje claro a quien intente venir a conspirar desde dentro", consideró el ministro. Quien se inmiscuya "en los asuntos internos de Venezuela" obtendrá la "misma respuesta", enfatizó Maduro.
La organización defensora de los derechos humanos presentó el jueves en Caracas un informe en el que aseguró que el gobierno de Chávez "ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos" en un intento por "contener a la oposición política" en los casi 10 años que lleva en el poder.
El informe, titulado "Una década del gobierno de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los DDHH", acusa entre otros al ejecutivo del presidente venezolano de "controlar el poder judicial", "limitar la libertad de prensa" y sindical y "discriminar" a sus opositores.
"Expulsión de Vivanco revela la intolerancia del Gobierno"
Como una demostración de la "creciente intolerancia" del Gobierno venezolano hacia "las opiniones críticas" calificó Human Rights Watch la expulsión de sus miembros, el chileno José Miguel Vivanco y el estadounidense Daniel Wilkinson, quienes en la noche del jueves fueron obligados por las autoridades policiales a dejar el país.
En un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth, afirmó: "La expulsión del equipo deja aun más en claro que Venezuela está yendo por el camino de la intolerancia (...) Chávez pudo haber expulsado al mensajero, pero ha reforzado el mensaje: Las libertades civiles en Venezuela están en peligro".
La medida gubernamental contra los representantes de la agrupación se produjo horas después de que éstos difundieran, en rueda de prensa en el Ateneo de Caracas, el contenido del informe Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.
En el reporte Human Rigths Watch acusó al primer mandatario de debilitar las instituciones democráticas y las garantías de los derechos humanos en el país, con el propósito de prolongar su estadía en el poder.
En su boletín, la organización relató que Vivanco y Wilkinson fueron interceptados cuando llegaban al hotel Meliá Caracas después de cenar; y allí un grupo de efectivos de la policía política (Disip) les entregó una carta donde los acusaban de actividades en contra del Estado. Los agentes les confiscaron los telefónos celulares y les negaron su derecho a contactar a sus respectivas embajadas.
Los representantes fueron colocados en autos, llevados al aeropuerto y no fue sino hasta que estuvieron a los pies de la aeronave que les dijeron que irían a Sao Paulo (Brasil).
En declaraciones a la cadena estadounidense CNN, Vivanco aseveró que no violó ninguna ley venezolana y desmintió al canciller Nicolás Maduro, quien aseguró que una de las razones para expulsar a ambos visitantes fue que ingresaron al país con visas de turistas y que, por tanto, no podían realizar actividades distintas a las recreativas. "Yo soy chileno y Wilkinson estadounidense. Ninguno necesita visa para entrar a Venezuela", indicó.
El Universal
Asamblea satisfecha con orden de salida
La directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por la diputada Cilia Flores, emitió un comunicado donde respalda la medida de expulsión de José Miguel Vivanco, director general de la Organización Human Rights Watch de Venezuela.
Aseguró que es "bien justa la medida" que han tomado las autoridades del Gobierno nacional y "es lo que el pueblo ha querido".
Al igual que lo expresado por el Poder Ejecutivo, en la Asamblea Nacional dicen que Vivanco y su acompañante, Daniel Wilkinson, incurrieron en una "flagrante violación a nuestra soberanía e inmiscuyéndose en nuestros asuntos internos ofendieron públicamente la institucionalidad y al pueblo del Libertador Simón Bolívar".
Los parlamentarios aseguraron que la respuesta dada por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías y la Cancillería fue la correcta, y acusaron a Vivanco de estar financiado por el Gobierno de Estados Unidos.
Alertaron "a todo el país, que la arremetida de este sujeto forma parte de la campaña de desprestigio fomentada desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y con la complicidad de agentes internos comprometidos en planes desestabilizadores".
Igualmente, agregaron que "se pretende promover internacionalmente una matriz de opinión que favorezca un clima de inestabilidad, angustia y zozobra en la población para justificar así un golpe de Estado en el país".
"Gobierno se metió un autogol con la decisión"
En rueda de prensa celebrada ayer en la sede del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), la alianza integrada por 11 agrupaciones nacionales defensoras de las garantías fundamentales exigió al Ejecutivo que reflexione.
"El Gobierno se metió un autogol", afirmó el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, uno de los voceros, quien agregó: "El nivel de intolerancia lleva al Gobierno a responder antes de hacer un análisis exhaustivo del informe, en el cual se hacen interesantes observaciones".
En similares términos se pronunció la directora de Cofavic, Liliana Ortega, quien afirmó: "Un país con buena salud en materia de derechos humanos demuestra un debate constructivo, reflexivo y no por ello elude la posibilidad de observaciones e incluso de puntos de desencuentro, pero eso sí, siempre en el marco del respeto a la autonomía de las organizaciones y a la integridad de sus miembros".
Los voceros rechazaron que se pueda considerar como una injerencia en los asuntos internos del país las críticas de Human Rights Watch al desempeño del Gobierno en estos casi 10 años. "La normativa internacional establece que todas las personas tienen la obligación de velar por los derechos humanos (...) Cuando el Estado venezolano firmó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos aceptó que hay un monitoreo y un límite a la soberanía. Admitió que en materia de derechos humanos la soberanía tiene unos límites", explicó Alvarado.
Por su parte, el coordinador de Espacio Público, Carlos Correa, lamentó que el presidente Chávez emule el ejemplo de Cuba a la hora de tratar a los miembros de las organizaciones internacionales de derechos humanos, y exigió que se permita a todas las agrupaciones venir, en especial a la Comisión Interamericana, la cual tiene seis años esperando que el mandatario le permita monitorear la situación de las garantías fundamentales en el país.
Condena regional
La críticas a la expulsión de Vivanco y Wilkinson no se limitaron a Venezuela. 25 organizaciones pro derechos humanos del continente emitieron un comunicado en el que deploran la resolución gubernamental, por considerar que persigue "debilitar la acción de los defensores, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones".
Por último, el ex relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Eduardo Bertoni, afirmó que "las expulsiones motivadas por críticas a los gobiernos son acciones típicas de las dictaduras".
El Universal
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