Venezuela cuenta, por ahora, con un Manuel Zelaya: el alcalde mayor Antonio Ledezma. Pero pudieran ser más. Porque en la mira del Comandante Hiperlíder, golpista nato y reincidente, están igualmente los gobernadores Pérez Vivas, Capriles Radonski, Salas Feo y varios alcaldes opositores. Contra el burgomaestre también se urdió una conspiración seguida de un golpe de Estado. No actuaron militares "gorilones" activos. Fueron "dinosaurios" retirados, hoy ejerciendo el poder (Gobierno) de forma autoritaria y violando la Constitución. Y no se pronunciaron la OEA ni la ONU.
Lo sacaron ilegalmente de su cargo con la venia de algunas instituciones del Estado y mediante acciones violentas de bandas armadas que actuaron ante la indiferencia del régimen. Estas pandillas criminales destruyeron patrimonio, dispararon armas de fuego y lanzaron lacrimógenas mientras invadían diversas instalaciones de la Alcaldía Mayor, incluyendo la sede del Palacio de Gobierno Municipal, para impedir que lo ocupara su legítimo titular.
La actuación en este caso de los representantes de los poderes públicos fue a contrapelo de sus deberes legales. No se pronunciaron, como lo hicieron con Honduras, para defender la constitucionalidad. Tampoco el derecho de los ciudadanos a elegir libre y soberanamente a sus dirigentes. Y menos para garantizar las atribuciones del Alcalde electo. Cohonestaron la asonada al no demandar la desocupación de las instalaciones de la Alcaldía y al no garantizar el ejercicio pleno de todas las atribuciones y funciones del Alcalde Mayor. Lo avalaron al promulgar la AN una ley, contraria a la Constitución, que creó (paralelamente) la jefatura de gobierno de Caracas, cuya titular, Jacqueline Faría, fue designada a dedo por el Comandante Hiperlíder, una facultad que tampoco le adjudica la Carta Magna. La guinda de la "torta" golpista, dentro del mismo adefesio legislativo, fue el despojo abusivo de instalaciones, presupuesto y la coordinación de servicios públicos antes compartidos por los cinco municipios capitalinos. No les importó la gente. Lo que contó para el régimen y avalaron los poderes públicos fue el capricho visceral de "pulverizar" a un gobernante no afecto ni complaciente con el Hiperlíder.
La comunidad democrática latinoamericana no está dispuesta a seguir tolerando agravios, ilegalidades, agresiones y abusos de poder de estos reyezuelos tropicales, despóticos, trogloditas y anacrónicos. Revanchistas y excluyentes. Ineptos y, además, corruptos. De allí las reacciones de repudio que se están dando. En Honduras, Bolivia, Ecuador, Argentina y Venezuela. ¡No a los golpes de militares contra gobiernos legítimos! ¡No a los golpes de dinosaurios contra las constituciones e instituciones vigentes! El respeto debe ser para todos los niveles de la institucionalidad y para todos los funcionarios de elección popular. ¿Y la OEA?
Miguel Sanmartín
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