En una reciente asamblea de ciudadanos a la que asistí, pude observar como la preocupación de gran parte de los asambleístas se concentraba en la salida del poder del líder del proceso revolucionario. Muy pocos reparaban en lo que, a mi juicio, es la gran tarea de los demócratas, como es desmontar toda una burocracia revolucionaria no carente de simpatías populares.
El nuevo esquema de sociedad que se viene consolidando a una velocidad preocupante y con un alto costo humano, no sólo concentra el poder decisional público en manos del jefe del ejecutivo nacional, en torno al cual gravitan los restantes poderes públicos. Adicionalmente incluye al sector productivo, comercial y financiero, creándose un nuevo esquema de capitalismo de Estado donde éste no sólo se transforma en un nuevo, poderoso y desleal competidor, sino que también establece las reglas de juego.
Este modelo establece, arbitrariamente, un conjunto de sectores y actividades que son estratégicas para la soberanía nacional que deben estar controladas por el Estado. Los criterios de selección de tales áreas no resultan muy ortodoxos dentro de la racionalidad gerencial, pero sí dentro de las pautas estratégicas e ideológicas del proyecto revolucionario. De acuerdo con esto, cualquier organización que se encuentre en el marco de las llamadas áreas estratégicas, posee gran visibilidad pública y una alta probabilidad de apropiación por parte de la revolución.
En el ordenamiento social previo a la revolución, las organizaciones de la sociedad civil se agrupaban en gremios cuya consulta por parte de los organismos oficiales formaba parte de las reglas de juego. En la actualidad, tales conglomerados no sólo han sido deslegitimados, sino sustituidos, o intentado sustituir, por referentes sin sustento popular.
La institucionalidad revolucionaria ha dado lugar a un nuevo tejido de organizaciones sociales entre las que se encuentran consejos comunales, empresas socialistas, cooperativas, comunas, consejos de trabajadores, fundos zamoranos, misiones, empresas mixtas, batallones civiles, bancos populares, colectivos armados cuya finalidad es el control e intervención social, la distribución improductiva de recursos económicos y, en general, monitorear todas las actividades organizadas existentes en su entorno. No se debe desdeñar, que muchas de ellas llegaron para quedarse.
Ese modelo de organización configura también un esquema de información producida por los entes oficiales que adolece de confiabilidad y oportunidad, dirigido a reforzar o a verificar los logros del proceso revolucionario. En ese escenario, los datos se suministrarán de acuerdo con el orden que se quiere lograr pues, los mismos, están dirigidos a reforzar una aspiración revolucionaria, que no necesariamente a reflejar una realidad empírica. En la práctica los nuevos indicadores de desempeño de sectores y organizaciones, posiblemente no coincidirán con los indicadores convencionales, nacionales e internacionales.
La discrecionalidad del decisor público esta matizada por lo político y lo ideológico, variables capaces de inclinar la balanza en una decisión, independientemente del escenario legal. De hecho, cualquier conducta socialmente incomoda o contraria a los intereses de la revolución, puede ser transformada en una ley que la controle o invalide. Ni que decir de las personas u organizaciones que representen, o se perciban como un poder capaz de obstaculizar el logro de una sociedad socialista, ya que el proceso se encargará de limitar ese poder. Es decir que, en tanto y en cuanto, el gobierno perciba a un actor con poder e influencia social, en esa medida tratará de neutralizarlo, cuando no hacerlo desaparecer del escenario público.
Tales argumentos no sólo permiten entender como en la Venezuela revolucionaria se ha acabado con los presos políticos, para sustituirlos por una nueva categoría poblacional, constantemente creciente, denominada políticos presos. Permite también entender como la tarea de reconstrucción nacional reviste gran importancia estratégica, visión de largo plazo y capacidad de sacrificio, cuyo punto de partida es la toma democrática de la Asamblea Nacional.
El nuevo esquema de sociedad que se viene consolidando a una velocidad preocupante y con un alto costo humano, no sólo concentra el poder decisional público en manos del jefe del ejecutivo nacional, en torno al cual gravitan los restantes poderes públicos. Adicionalmente incluye al sector productivo, comercial y financiero, creándose un nuevo esquema de capitalismo de Estado donde éste no sólo se transforma en un nuevo, poderoso y desleal competidor, sino que también establece las reglas de juego.
Este modelo establece, arbitrariamente, un conjunto de sectores y actividades que son estratégicas para la soberanía nacional que deben estar controladas por el Estado. Los criterios de selección de tales áreas no resultan muy ortodoxos dentro de la racionalidad gerencial, pero sí dentro de las pautas estratégicas e ideológicas del proyecto revolucionario. De acuerdo con esto, cualquier organización que se encuentre en el marco de las llamadas áreas estratégicas, posee gran visibilidad pública y una alta probabilidad de apropiación por parte de la revolución.
En el ordenamiento social previo a la revolución, las organizaciones de la sociedad civil se agrupaban en gremios cuya consulta por parte de los organismos oficiales formaba parte de las reglas de juego. En la actualidad, tales conglomerados no sólo han sido deslegitimados, sino sustituidos, o intentado sustituir, por referentes sin sustento popular.
La institucionalidad revolucionaria ha dado lugar a un nuevo tejido de organizaciones sociales entre las que se encuentran consejos comunales, empresas socialistas, cooperativas, comunas, consejos de trabajadores, fundos zamoranos, misiones, empresas mixtas, batallones civiles, bancos populares, colectivos armados cuya finalidad es el control e intervención social, la distribución improductiva de recursos económicos y, en general, monitorear todas las actividades organizadas existentes en su entorno. No se debe desdeñar, que muchas de ellas llegaron para quedarse.
Ese modelo de organización configura también un esquema de información producida por los entes oficiales que adolece de confiabilidad y oportunidad, dirigido a reforzar o a verificar los logros del proceso revolucionario. En ese escenario, los datos se suministrarán de acuerdo con el orden que se quiere lograr pues, los mismos, están dirigidos a reforzar una aspiración revolucionaria, que no necesariamente a reflejar una realidad empírica. En la práctica los nuevos indicadores de desempeño de sectores y organizaciones, posiblemente no coincidirán con los indicadores convencionales, nacionales e internacionales.
La discrecionalidad del decisor público esta matizada por lo político y lo ideológico, variables capaces de inclinar la balanza en una decisión, independientemente del escenario legal. De hecho, cualquier conducta socialmente incomoda o contraria a los intereses de la revolución, puede ser transformada en una ley que la controle o invalide. Ni que decir de las personas u organizaciones que representen, o se perciban como un poder capaz de obstaculizar el logro de una sociedad socialista, ya que el proceso se encargará de limitar ese poder. Es decir que, en tanto y en cuanto, el gobierno perciba a un actor con poder e influencia social, en esa medida tratará de neutralizarlo, cuando no hacerlo desaparecer del escenario público.
Tales argumentos no sólo permiten entender como en la Venezuela revolucionaria se ha acabado con los presos políticos, para sustituirlos por una nueva categoría poblacional, constantemente creciente, denominada políticos presos. Permite también entender como la tarea de reconstrucción nacional reviste gran importancia estratégica, visión de largo plazo y capacidad de sacrificio, cuyo punto de partida es la toma democrática de la Asamblea Nacional.
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