El documento, de unas 370 páginas, analiza diversos casos ocurridos durante el último año. Revela que en más de veinticinco países al menos uno de cada diez hogares tuvo que pagar un soborno para obtener acceso a la justicia. En otros veinte países, más de tres de cada diez hogares informaron que a fin de obtener acceso a la justicia o un resultado "justo" en un tribunal, tuvieron que recurrir al soborno. En Albania, Grecia, Indonesia, México, Moldavia, Marruecos, Perú, Taiwán y Venezuela, el número es mayor.
De acuerdo con TI, "en nueve de los diez países latinoamericanos encuestados la mayoría de las personas califican el sistema legal/judicatura como corrupto".
En el informe global de la corrupción 2007 se estipula que pese a décadas de reformas para proteger la independencia judicial, la presión para fallar a favor de intereses políticos sigue siendo intensa. Aunque a escala mundial muchos jueces efectivamente actúan con integridad, los problemas persisten. El deterioro de estándares internacionales se evidencia en países como Argentina y Rusia, donde los poderes políticos han aumentado su influencia sobre el proceso judicial en años recientes (...) La omisión a nominar a funcionarios judiciales con base en el mérito puede dar lugar a la selección de una judicatura flexible y susceptible a la corrupción, advierte el informe de TI.
La interferencia de políticos empleados civiles también puede servir de fachada "legal" para instrumentar el desfalco, nepotismo, amiguismo y decisiones políticas ilegítimas. Dicha interferencia puede ser tan flagrante como la amenaza física e intimidación y tan sutil como la manipulación de nominaciones, sueldos y condiciones de servicio judiciales.
El ex procurador anticorrupción peruano José Ugaz, que participó en su momento en el proceso contra el ex presidente Alberto Fujimori y actualmente colabora con TI, comentó a Efe que Latinoamérica "no sale bien parada" en el informe, si bien hay "realidades dispersas", señaló que se han registrado progresos en países como Colombia, Uruguay y, especialmente, en Chile, que goza de un sistema judicial "moderno".
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