El verdadero fracaso de Hugo Chávez, a casi nueve años de gobierno, sigue siendo la incapacidad para consolidar su proyecto de dominación total, un fenómeno que, contra todo pronóstico, se está verificando en este mismo momento. Luego de su victoria electoral de diciembre resultaba evidente el desencadenamiento de una ofensiva general, en todos los frentes, no sólo para liquidar los obstáculos que aún se atravesaban en su marcha, en apariencia incontenible, hacia el poder total, sino para armar la estructura legislativa, política y militar sobre la cual se asentaría el diseño final del neototalitarismo venezolano del siglo XXI.Se pensaba que la victoria electoral y los siete millones de votos que habría logrado el Presidente (estrategia democrática para acabar con la democracia) serían suficientes para imponer la Ley Habilitante, dejando a la Asamblea Nacional convertida en apéndice del Ejecutivo y así legislar sin trabas en la tarea de montar el entramado legal que consagrara, entre otras iniciativas, la Presidencia vitalicia, el carácter constitucional del socialismo, la (re)centralización administrativa, la desaparición casi total del poder regional, la conversión definitiva de la Fuerza Armada en milicia al servicio de una ideología y otras tantas iniciativas dirigidas a violentar derechos fundamentales.
Al mismo tiempo, en una suerte de blitzkrieg político, Chávez desencadenó la ofensiva en varios frentes. Ordenó las estatizaciones, amenazó con nacionalizar la banca, los mataderos, las carnicerías, las clínicas privadas. La emprendió de nuevo contra la Iglesia, anunció su retiro del FMI, se declaró marxista leninista y hasta trotskista, mostrando, luego de tanto tiempo, su verdadero rostro ideológico. Excomulgó a los aliados que se negaron a obedecer la orden de bajar la santamaría de los partidos aliados para entrar en el corral del partido único. Y, no en último término, se propuso cerrar el círculo de los medios de comunicación, algunos ya doblegados por el chantaje, la utilización bastarda de la pauta publicitaria y la amenaza de no renovar las concesiones, con el cierre de Radio Caracas Televisión. Una medida que serviría de escarmiento a los que aún osaran continuar una línea editorial e informativa crítica e independiente, luego de tantos años de forcejeo y persecución.
Todo eso ocurría, además, frente a un país sumido en la resignación y una dirigencia de oposición adormilada, pasiva e incapaz de reaccionar, no digamos de tomar la iniciativa, ante lo que lucía como la ofensiva final y el inicio de la era de "la profundización y radicalización revolucionarias". Chávez se adueñaba de la escena interna y también de la externa con triunfos electorales de candidatos apoyados por él en Ecuador y Nicaragua.
Cundió el derrotismo, se intensificó la fuga de cerebros, una parte de la clase media decidió abandonar el país y otra se enchufó, directa o indirectamente, a la danza de los millones, en la cual es posible participar siempre y cuando no aparezcas en la lista de Tascón y aceptes, como contratista, ponerte una franela roja para acceder a cualquier instalación de Pdvsa. No había nada qué hacer. Ese tan llevado y traído espíritu democrático de los venezolanos, que salió a relucir cuando Chávez pretendió acelerar el proceso, en el 2001, 2002, 2003 y 2004, no aparecía por ninguna parte. Todo estaba consumado.
Pues no ocurrió así y Chávez fue de los primeros en detectar, gracias a las encuestas, que detrás de lo que al principio era una realidad y luego una apariencia se había acumulado un creciente descontento que va mucho más allá de la masa opositora de oposición y se ha instalado en buena parte del pueblo chavista. Y no se trata sólo de un rechazo al Gobierno por el desmejoramiento de las condiciones materiales, el desabastecimiento o la inseguridad, sino de temas directamente vinculados a Chávez y a la agenda de consolidación que él ya daba como un hecho.
Pero esta vez se le fue la mano, el efecto político del resultado electoral se disolvió en poco menos de tres meses, ahora Chávez aplica el freno y se organiza para una retirada táctica, luego de comprobar, como lo revela la última encuesta de Hinterlaces (acusada de gobiernera antes de las elecciones de diciembre por dar a Chávez como ganador) que 61% de los venezolanos está en desacuerdo con la reelección indefinida y un 75% rechaza el cierre de Radio Caracas Televisión. Sólo que la cosa no queda ahí porque 86% se muestra en contra "de un socialismo como el cubano", 78% no apoya las expropiaciones y nacionalizaciones y 47% cree que terminará convirtiéndose en dictador.
El problema es que cuando los números comienzan a ponerse en contra del Presidente, como ocurrió en los años 2001, 2002 y 2003, el país entra en estado de ebullición. El descontento no se queda en la casa y sale a la calle, como ocurrió ayer con la impresionante manifestación en apoyo a RCTV. Un cierre que desde el mismo momento en que fue anunciado comenzó a horadar el tinglado argumental armado por el Gobierno sobre unos medios de comunicación golpistas que pretenden derribar un gobierno democrático. Tanto adentro como afuera del país ahora la percepción es la contraria porque no se trata de la mera liquidación de un medio, sobre la base de una razón jurídica, sino de la violación de una libertad fundamental que pone en entredicho el carácter democrático del Gobierno y su credibilidad ante la comunidad internacional.
Más aún, el debate llevó a enfoques mucho más afinados sobre el estado de la libertad de expresión en Venezuela y cuando salen a relucir los informes de organizaciones no gubernamentales como Reporteros sin Fronteras, el Instituto de Prensa y Sociedad o Espacio Público, los peores temores se confirman. Por eso lo que está ahora en la Corte Interamericana de DDHH no es un proceso por un caso aislado que denunciara un grupo de periodistas de televisión, sino un juicio al gobierno de Hugo Chávez, quien ha amenazado con irse a hacerle compañía a Cuba fuera de la OEA. Quizás ya sea demasiado tarde para retroceder en el caso de RCTV o quizás, a última hora, pretendan paliar el desprestigio con una decisión salomónica del TSJ para transmitir la impresión de una pretendida separación de poderes. Pero ya el daño está hecho y nadie puede recoger el agua derramada.
Mientras tanto, el país se libera de la modorra, se moviliza de nuevo y siempre está presente la posibilidad de que volvamos a los días trepidantes de años pasados. Sólo que ahora no opera la polarización con la misma intensidad de antes porque se está conformando una nueva mayoría que, más allá del rechazo a las intentonas antidemocráticas y la imposición de una dictadura, clama por seguridad (según la encuesta 89% considera a la inseguridad como su principal problema), empleo, inclusión y respeto a las libertades. ¿Se sostendrá para consolidarse esa nueva mayoría? ¿Podrá la oposición darle cauce y salida a esa fuerza que viene de abajo para generar un cambio político? Nadie lo sabe. Pero la encuesta también habla de la poca credibilidad que ofrecen los partidos políticos a la mayoría y ya conocemos antecedentes como la Coordinadora Democrática. Lo único seguro es que una vez más está siendo abortada la intentona del dominio total. Ya Chávez se dispone a posponer la reforma constitucional, esperando, como lo hizo con el referendo, en el 2004, voltear la tortilla. El forcejeo continúa.
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