El Gobierno estaba atado, al menos legalmente, para desarrollar algunos procesos en los términos que quería, pero en poco tiempo el tema quedará resuelto con los cambios a la Constitución nacional que propuso el presidente Hugo Chávez.
El tópico que brillará en adelante en materia económica será la promoción a las empresas que se desarrollen en el marco de la propiedad social y colectiva. Al contrario de lo que parece, no se trata simplemente de que el Estado promoverá y protegerá a ese tipo de industrias, sino que cualquier acción comercial que afecte a estos establecimientos será prohibida.
"En general no se permitirán actividades, acuerdos, prácticas, conductas y omisiones de los y las particulares que vulneren los métodos y sistemas de producción social y colectiva con los cuales se afecte la propiedad social y colectiva o impidan o dificulten la justa y equitativa concurrencia de bienes y servicios", indica el artículo 113 de la Carta Magna propuesto.
Un caso reciente que quedará resuelto a favor del Gobierno se refiere a los despachos lecheros en el país. Hace un par de meses, Chávez llamó a los productores a despachar la leche a las plantas socialistas instaladas por el Gobierno y los amenazó con sancionarlos en caso de que no lo hicieran.
En su momento, el presidente de Fedenaga, Genaro Méndez, confió en que la Constitución nacional estaba del lado de los lecheros y que, por ello, seguirían vendiendo el producto a quien mejor les pagara.
Sin embargo, una vez que los cambios constitucionales entren en vigencia, podría quedar en veremos la libertad de los productores agropecuarios de comercializar la leche en los términos que deseen.
Al menos en las industrias básicas, la mayoría de ellas propiedad del Estado, ya se define un plan para obligar a esas unidades a destinar la producción que el Gobierno requiera para ejecutar sus obras. Hace pocos días el ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, reveló que las empresas básicas deben trasladar los beneficios de su explotación productiva a la sociedad y que el mecanismo planteado es el de establecer que un porcentaje de la producción vaya hacia los planes estatales.
En todo caso, el aparte constitucional dejaría la puerta abierta para que el Gobierno decida que el destino de la producción de las empresas privadas debe favorecer a la economía socialista, al menos en el caso de que las empresas sociales y colectivas sean afectadas por las prácticas de las unidades productivas tradicionales.
En conjunto, el texto constitucional propuesto se refiere al sector empresarial como uno que debe ser contenido en sus intenciones de obtener el mayor provecho por encima de las necesidades del colectivo y que, además, será enfrentado apenas intente actos de especulación.
Es así como queda incluida la necesidad de enfrentar "toda acción especulativa respecto a la renta de la tierra, los desequilibrios económicos, las asimetrías en la dotación de servicios e infraestructura", entre otros aspectos que explica el artículo 18 del proyecto de Carta Magna.
Si ello va unido a la vigente Ley contra el Acaparamiento y la Especulación, las posibilidades de controlar los sectores productivos se potencia.
Pero además, cuando el Ejecutivo dicte una expropiación, por causa de utilidad pública o interés social, podrá proceder a la ocupación previa, incluso si no se ha pagado la indemnización al dueño original. La Ley de Tierras preveía esto, pero una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia declaró que la ocupación previa era inconstitucional. No obstante, ahora este hecho regresa convertido en norma constitucional.
Pero la intervención del Estado se expandirá constitucionalmente hacia otros sectores, aun cuando ya la participación estatal es un hecho consumado.
Este es el caso de la actividad petrolera, que quedará reservada al Estado "por razones de soberanía, desarrollo e interés nacional", según el artículo 302.
El Gobierno, a través de la estatización petrolera, ya cumplió con ese artículo, aunque incluirlo en la Constitución nacional significará potenciar esa situación en el tiempo.
Después de haber escuchado al presidente Chávez presentar su propuesta de "reformas" a la Constitución de 1999, constaté que la vuelta al pasado no es a los fracasados regímenes socialistas y comunistas del siglo XX, sino mucho más lejos, a principios del siglo XIX y más atrás, cuando en Venezuela mandaban los Reyes de España. Porque el anteproyecto del presidente Chávez es algo así como para convertirse en el Rey de Venezuela. Y aunque confieso que he admirado a reyes y emperadores del pasado y admiro a algunos del presente, me declaro antimonárquica. Sobretodo contraria a las monarquías absolutistas, que a fin de cuentas es lo que pareciera venir con la fulana "reforma".
Tiene razón el rector del CNE Vicente Díaz cuando declara que la Asamblea Nacional está en el deber de garantizarle al pueblo que tales "reformas" no afectarán "los principios fundamentales de la actual Constitución, pues de lo contrario dejaría de ser una "reforma constitucional" para convertirse en una modificación de mayor alcance ", lo que requeriría la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Porque pare ello no basta lo que llaman "parlamentarismo de calle".
La Constitución de Chávez es realista porque es la constitución de un rey. Es la Constitución Realista. En 1999 no voté por la aprobación de la Constitución vigente, porque estoy convencida de que los que no funcionan son los gobiernos y no las constituciones. Pero hoy voy a defenderla porque es la que me garantiza a mí, a mis hijas y en el futuro les garantizará a mis nietos y a los hijos de mis nietos, los principios fundamentales del país en el que nací y crecí, que no es precisamente el país del socialismo y la muerte.
No podemos dejarnos engañar por porcentajes engañosos "sólo el 10% de los artículos". Las "reformas" propuestas son de fondo. Pidamos la Constituyente. Luchemos por la Constituyente. Y defendamos nuestra Constitución vigente. Las "carnadas" que edulcoran el anteproyecto pueden resolverse vía reforma de las leyes.
Yo, desde hoy, me declaro en campaña por el "NO". En Campaña Admirable, como Bolívar y los patriotas, por el país de la libertad y la democracia, de los derechos humanos y la vida. En Campaña Admirable por la Constitución de 1999, la Constitución Patriota.
Un salto de casi cien años, pero hacia atrás. Eso es lo que implicará para el país la aprobación del proyecto de reforma constitucional que el presidente Hugo Chávez Frías presentó este miércoles a la Asamblea Nacional y en el cual se le abren las puertas para postularse a la reelección tantas veces como lo desee y además extiende su mandato en un año, al pasar de los seis actuales a siete.
La advertencia la realizó el abogado Gerardo Fernández, presidente de la Comisión Técnica de la oposición sobre la modificación constitucional, al presentar un documento donde cuestiona la iniciativa del jefe de Estado.
"¿Qué significa la propuesta de Chávez? Regresar a la época del (general Juan Vicente) Gómez, nada más y nada menos. Gómez fue el único de nuestros gobernantes que tuvo la osadía de aumentar su mandato a siete años y que buscó reelegirse indefinidamente", afirmó.
Entretanto, en su escrito, Fernández advirtió: "Instaurar un sistema de reelección indefinida del Presidente (...) atenta contra el principio de alternabilidad democrática en el poder (...) pues el poder otorga ventajas que facilita mantenerse en el poder. Desde el poder se va adquiriendo más poder; se desarrollan herramientas para el ventajismo electoral y se financia más fácilmente el aparato político partidista".
El profesor de Derecho Constitucional puso como ejemplo de lo anterior lo ocurrido en los últimos años en el Consejo Nacional Electoral (CNE). "El ente comicial está integrado por cinco miembros, que fueron elegidos por una Asamblea cuestionada y que responden a parcialidades políticas. También tenemos el caso de Jorge Rodríguez, quien hasta ayer se llenaba la boca hablando de que organizaba elecciones limpias e imparciales y hoy es el vicepresidente del Gobierno y está organizando el nuevo partido oficialista".
En el documento afirmó también que la reelección, indefinida o no, en la gran mayoría de los países con democracias débiles, como las latinoamericanas, "se presta para el abuso de poder y el ventajismo" en los comicios.
"Hasta 1995 los gobiernos democráticos de América Latina (que no podían reelegirse) perdieron las elecciones en más de dos tercios de los casos. Sin embargo, luego de introducida la reelección en Perú, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana y Venezuela, de nueve elecciones en las cuales el Presidente ha buscado la reelección en esos países, sólo en un caso, en República Dominicana en 2004, ha sido derrotado", reveló el estudio.
Navegando contra corrienteFernández, en el documento, alertó que la propuesta del mandatario va en contra de la tendencia mundial. "Para el 2000, 88 países realizaban elecciones presidenciales, incluyendo en este número a gobiernos democráticos y autoritarios. De estos 88 países, apenas 14 (Burkina Faso, Costa de Marfil, Chipre, Egipto, Francia, Islandia, Kazajistán, Mauritania, Palestina, Belarús, Singapur, Siria, Turkmenistán y Zimbabue) permiten la reelección indefinida del Presidente y de éstos sólo tres pueden considerarse democracias: Francia, Chipre e Islandia".
En el documento también se recuerda que en Francia, país que el presidente Chávez ha esgrimido como ejemplo para defender su propuesta, se está analizando la posibilidad de eliminar la reelección sin límites.
El pasado 13 de julio, el mandatario galo, Nicolas Sarkozy, quien también impulsa una reforma al texto fundamental de su país, dijo, en un mitin en la localidad de Épinal: "Es preciso limitar los mandatos presidenciales, ya que la energía que se emplea en durar (en el poder) no se la destina a actuar".
Además sugirió seguir la corriente del continente americano, donde la mayoría de los mandatos presidenciales duran entre cuatro y cinco años, con excepción de los casos de Chile, México, Nicaragua y Venezuela.
"Proponemos una modificación constitucional que conlleve a la reducción del mandato presidencial a cuatro años, con una sola reelección inmediata; la regulación de la condición del Presidente-candidato para evitar desequilibrios y ventajismos entre candidatos a la Presidencia de la República. Además, proponemos que el Presidente sea electo mediante una elección directa a dos vueltas y que se consagre el financiamiento público de los partidos políticos".
Alertó que la posibilidad de que una persona pueda gobernar por largos intervalos de tiempo "obstaculiza la consolidación de los partidos políticos y el recambio de su liderazgo"; mientras que la alternancia "hace que los actores políticos debatan y consensúen".
El UniversalRafael Venegas, vocero del partido Vanguardia Popular (VP), alertó al país que la reforma constitucional "es una carnada que busca engatusar a la gente para que vote a favor de una propuesta que tiene como objetivo la concentración del poder y perpetuación de Hugo Chávez".
VP es una escisión de Bandera Roja y se encuentra en proceso de legalización ante el CNE. Destacó que la amenaza contenida en el texto debe ser enfrentada con una política amplia, que convoque al movimiento social y político, con un discurso dirigido a los pobres y a la reserva democrática, progresista y revolucionaria que está en el chavismo, que está con un monstruo que también se los va a devorar a ellos". EG
El secretario general de Copei, Luis Ignacio Planas, destacó que la manera como su partido propone abordar el debate sobre la reforma constitucional que plantea el Gobierno es impulsar su votación de forma separada, de modo que la gente pueda pronunciarse con claridad sobre si apoya o no "que Chávez se quede para siempre".
En rueda de prensa, en compañía de Rafael Contreras, de la dirección nacional, Planas también rechazó las recientes afirmaciones del ministro de la Defensa, Gustavo Rangel Briceño, quien dijo que la Fuerza Armada asume el proyecto de reforma "como una orden". Añadió que el general asume su papel como si fuera un miembro del PSUV y no el líder de un cuerpo que debe ser institucional y velar por la soberanía nacional.
Planas dijo que esos cambios a la Carta Magna "no son una orden sino que deben ser producto de un gran consenso" y recalcó que el planteamiento de instaurar el socialismo como régimen político oficial deja fuera a los ciudadanos que piensan distinto.
"Es muy grave que los elementos que están propuestos allí sean aprobados sin ningún tipo de discusión, de diálogo, de consenso (...) Qué bueno sería que ese proyecto de reforma constitucional nos dijera cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad, el problema del desabastecimiento, cómo podríamos generar más empleos en vez de amenazar a la propiedad privada".
Instó al Parlamento a abrir los canales de participación y señaló que en el proyecto el Gobierno introdujo unos "caramelitos de cianuro" para tornarlo atractivo, que pueden ser resueltos de inmediato vía reforma legislativa, como es el caso de la reducción de la jornada laboral a seis horas.
Según el vocero, Copei asumirá la defensa de principios como la descentralización que están amenazados con el proyecto de reforma. "Con la creación de las ciudades federales, territorios federales, municipios federales, Chávez pretende asesinar lo que es el federalismo en Venezuela".
Contreras Millán, por su parte, ratificó el rechazo al proyecto presidencial y advirtió:
"El Presidente nos presentó una auténtica mamarrachada. Estoy impresionado porque desde un principio, cuando se dictó el decreto que creó el Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional, dijimos que eso era un mareo de Chávez para engañar al país, para imponer la reelección indefinida (...) Lo que pretende el Presidente es convertirse en vitalicio. Eso nosotros lo vamos a pelear, vamos a salir a decirle a la gente las consecuencias que eso traerá".
En materia de propiedad privada, Copei alertó que se introducen en la reforma mecanismos que son "una ridiculez". "La propiedad privada tal y como se establece allí es un engaño, la propiedad colectiva ya existe, igual que la propiedad social, la propiedad pública ya existe. Ese artículo debe analizarse en contexto". EG
No habrá demoras en el Parlamento para aprobar la propuesta de reforma constitucional del Presidente. Mañana -según el cronograma elaborado el pasado jueves- los diputados aprobarán en primera discusión los cambios propuestos después de pasar revista al proyecto y a sus motivaciones.
La segunda discusión se realizará en un lapso de 15 días. En esta segunda revisión los parlamentarios revisarán la iniciativa por título y/o capítulo.
La tercera y última discusión está prevista para desarrollar en dos meses. A partir del martes 16 de octubre los parlamentarios analizarán, por separado, cada uno de los 33 artículos que el primer mandatario pidió modificar; además, por técnica legislativa, considerarán si deben modificarse otros artículos para evitar que existan contradicciones en el texto de la Carta Magna.
Cuando el proyecto de reforma sea sancionado, los diputados lo remitirán al CNE, especificando la(s) pregunta(s) que deben hacerse a los electores en el referendo aprobatorio.
Según el artículo 344 de la Constitución, la propuesta de reforma podrá votarse en conjunto o separadamente hasta una tercera parte de ella -hasta 11 artículos- si así lo solicitara el Presidente, lo ordenara una tercera parte de los diputados o fuera una petición de 5% de los electores inscritos en el Registro Electoral (796.061personas)
En este último caso es necesario que los electores recojan firmas y las presenten al CNE.
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