La propuesta de nueva Constitución es desastrosa y la que está vigente también lo es. Ambas son peores que la de 1961, que, sin duda, necesitaba modernizarse, aunque no a golpe de redoblantes. Chávez no ha necesitado ninguna Constitución para hacer lo que le ha dado la gana; de allí que sea una exageración, que confunde, afirmar que sólo con la nueva vendrá lo duro. Ya se padece lo que el caudillo quiere poner en blanco y negro. En este sentido, la nueva es inútil. Pero, ¡alto ahí! No es tan inútil en otro sentido: permite renovar el ropaje de una revolución que ya deja ver debajo de los ajados fustanes su arsenal de Kalashnikov, sus tacos de dinamita y el tráfico internacional de dólares. Esa "inutilidad" constitucional cumple funciones y de allí la pasión reformadora que le ha entrado a Chávez.
La Constitución de 1999. Es un sancocho. Incorporó el tema de la descentralización, como reflejo del significado que esa reforma adquirió en la sociedad venezolana desde 1989. También incorporó el tema de los derechos humanos de una manera amplia. A estas alturas se sabe lo que ha pasado. La descentralización ha muerto por estrangulamiento bolivariano en manos de un régimen centralista y autoritario, y de unas autoridades regionales y locales que, en su mayoría, se han convertido en comparsa de su propio ajusticiamiento.
Los derechos humanos, por su lado, languidecen; basta ver las cárceles, las matanzas en los barrios, el incremento de los asesinatos, la inseguridad, los presos políticos, los perseguidos, los tribunales sumisos, y la Fiscalía inservible, salvo para perseguir opositores. Allí han terminado todas las proclamas bolivarianas sobre el tema: si usted es revolucionario, tiene todos los derechos; si usted es "escuálido", su destino depende del asunto, el tema y la voluntad del funcionario con el que tenga que vérselas.
Lo bueno que podría atribuirse a la actual Constitución, no se cumple. Lo que sí está vigente es su contenido autoritario, presidencialista, centralista, estatista, y militarista. En su nombre se han cometido las tropelías que el país conoce.
Clamar por su cumplimiento puede ser una manera de denunciar su sistemática violación en cuanto a derechos y garantías; pero, debe advertirse, es un arma de doble filo, porque ésa Constitución consagra el presidencialismo y el militarismo. Además, hay un problema serio. Colgarse de esa Constitución como bandera después que la disidencia democrática le negó su apoyo, puede ser asimilado como una contradicción. Y lo es.
La Nueva Constitución. También se puede incurrir en un error de perspectiva al decir que con la nueva Constitución, Chávez hará lo que le dé la gana, como si no lo hiciera ya. Chávez hace lo que quiere sin ningún asomo de vergüenza. Para tomarse los fundos agrícolas, La Electricidad de Caracas o la Cantv, los edificios, el Teleférico, los campos petroleros y otras propiedades, concesiones o derechos, no ha necesitado ni la vieja ni la nueva. Sólo la Fuerza Armada y policial, que es el disuasivo con que cuenta.
La nueva Constitución cumplirá, sin embargo, varias funciones. La primera, es meter dentro de su articulado lo que el régimen está haciendo de facto. Debe tenerse presente que los regímenes autoritarios son muy cuidadosos en eso de ponerle a cada fechoría un artículo constitucional, y a todo desafuero, una ley. Así, le dan la hoja de parra a los tribunales -que también controlan- para cubrir las tropelías. Hitler, Mussolini, "Chapita" Trujillo y Fujimori, tenían leyes para toda eventualidad.
La segunda función, es la de darle a los militares chavistas y a algunos medios de comunicación timoratos la excusa para su sumisión. Ya que la satrapía se comporta conforme a la Constitución hecha a la medida, no hay problema en aceptar sus decisiones que, con el nuevo texto, ya no serán arbitrarias, sino constitucionales.
La tercera función, tal vez la más importante, es proveer el barniz necesario para que ciertos gobiernos puedan excusar su relación con Chávez sobre la base del respeto al "deseo de los venezolanos" expresado en libérrimas elecciones y en una nueva Constitución.
Un gobierno que no necesita un instrumento constitucional para cometer sus iniquidades, sí lo necesita para poder decir que sus medidas están conformes con las normas. Los excesos e ilegalidades de hoy serán recubiertos por el manto amnésico del instrumento.
La Reelección. La reelección indefinida ni siquiera necesitaría la reforma. Hay que recordar cómo Fujimori, que no podía elegirse una tercera vez, hizo aprobar una Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución peruana, en 1996, que le permitió concurrir a una reelección expresamente prohibida. La Asamblea o el TSJ consagrarán cualquier cosa que el autócrata necesite. Claro, es mejor si la cuestión se zanja desde ahora, pero se violará lo que haya que violar cuando sea necesario, mientras tenga fuerza militar para imponerlo. Por ahora, parece tenerla.
El desafío para la Oposición.Nadie parece discutir dentro de la oposición la necesidad de rechazar el truco constitucional que se aproxima. No hay ninguna voz que sostenga que hay que aprobar unas propuestas y desechar otras. La unidad es total en contra del contrabando. El problema es cómo. ¿Se participa en un referéndum o se llama a la abstención? Tal es, otra vez, el dilema.
La situación es, por lo que se observa, absolutamente desfavorable a cualquier llamado a la participación electoral. Después de la experiencia del 3 de diciembre de 2006, pareciera que las huestes abstencionistas aumentaron. Esto no es ni bueno ni malo, sino una realidad.
Lo que se le plantea a la oposición es qué hacer con este espíritu de abstención; si acompañarlo o intentar revertirlo; en cualquiera de los dos casos, cómo y para qué.
Sin embargo, es posible que haya otro enfoque, que es procurar que se haga políticamente imposible el referéndum, no por la vía del sabotaje, sino por la vía de confrontar desde ahora el despropósito del monarca. No sólo la oposición está en contra de los contenidos anunciados para la nueva Constitución, sino que muchos chavistas a los cuales el nuevo Napoleón corta las alas en sus aspiraciones, también se oponen. En realidad, la propuesta de Chávez, de aprobarse, es un golpe de Estado artero, como ha dicho Teodoro Petkoff, que no sólo viola las reglas de la democracia, sino las que él hizo aprobar.
No es descabellado pensar que el inmenso peso antipopular y antidemocrático que porta la propuesta monárquica, le impida levantar vuelo. Chávez dice que él convencerá a los venezolanos (ya se sabe: plata y fraude), pero puede no convencerlos. Así, podría plantearse como objetivo derrotar este intento de golpe de Estado antes de que haya ningún referéndum y el CNE le regale una nueva y falsa victoria.
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