El festín debe continuar. Es la reflexión de los más audaces. Aquellos quienes están amasando fortunas alrededor del poder. Por eso la revolución camina por dos vertientes en la mente de sus protagonistas. Una que no ha despertado del sueño dorado y otra que acelera la implantación de un Estado confiscatorio.Aún antes de que la reforma le coloque piso legal al nuevo "Estado socialista", la ideología y su modelo se desliza silenciosa en los sistemas educativos, en la Fuerza Armada ahora también bolivariana, en el sistema económico y en la organización social.
Mientras desde afuera nos recuerdan que Venezuela figura como uno de los países más corruptos del planeta, internamente los señalados miran hacia el exterior midiendo el pulso de las reformas exigidas por el Presidente. Panamá y otros países de economías abiertas, resguardan el plan B de quienes han sido altisonantes propulsores del "hombre nuevo".
El miedo es libre y la nueva Constitución ya establece el fin del "derecho a la propiedad" para diluirlo en ambiguos conceptos en los que el "Estado Socialista" tiene la última palabra.
La palabra propiedad o propietario pasa a ser un término subversivo. Pero esa adversión ha ido tomando su lugar desde el inició del proceso. Por ejemplo ninguna tierra expropiada ha sido entregada con títulos de propiedad a los campesinos. En su lugar se han producido las llamadas adjudicaciones, creando figuras jurídicas que no existen en el Código Civil.
Algo parecido ocurre con las expropiaciones de inmuebles lideradas por la Alcaldía Metropolitana, mediante la cual se consagra la invasión como un mecanismo legal, la ocupación previa como un derecho del Estado y más tarde la adjudicación, la cual culmina en la creación de un concepto de derecho de uso en el que el ciudadano queda sometido a los designios del Gobierno.
Varios barrios de Caracas, como, Julián Blanco de Petare, o el Federico Quiroz, de Catia, han sido vanguardia en la lucha por obtener el derecho a la propiedad de sus viviendas y sus terrenos. Sin embargo las gestiones por ellos realizadas han naufragado en el laberíntico sistema jurídico venezolano y los nuevos modelos impuestos por el poder.
Aún antes de que la nueva Constitución, entierre el derecho a la propiedad, ya los registros subalternos de Caracas vienen eliminando de los documentos de registro el término "propietario" suplantándolo por una figura que sugiere una suerte de concesión de uso o "derecho sobre el inmueble".
Pareciera un contrasentido, pero el miedo a perder el trabajo o la ilusión de riqueza, llevarán a millones de venezolanos a votar SI a favor de su propia expropiación.
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