La presidenta del Parlamento, Cilia Flores, dejó abierta la posibilidad de incluir en el proyecto de reforma constitucional un artículo que otorgue la titularidad de la tierra a los habitantes de los barrios.
Esa propuesta, tal como recordó Flores ayer, fue expuesta ante la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional por los líderes de Primero Justicia, que exigen reconocer el derecho de los pisatarios y "democratizar las tierras urbanas".
"Eso lo tenemos en la ley de regularización de la tierra urbana; sin embargo, me parece importante evaluarlo para que se constitucionalice", expresó la jefa del Poder Legislativo.
La diputada admitió que la idea de PJ se enmarca dentro del espíritu de la iniciativa del Ejecutivo; mientras, adelantó que también analizarán la posición de quienes reclaman que en la Carta Magna se mantenga consagrado el "uso, goce, disfrute y disposición" de los bienes.
"Los elementos de la propiedad están reconocidos en el Código Civil, pero de todas maneras vamos a evaluar esa solicitud", agregó Flores.
Atendiendo una sugerencia del Consejo Nacional Electoral, la directiva de la AN anunció que la fecha "tentativa" para la celebración del referendo sobre el proyecto de reforma es el próximo 2 de diciembre. "La tercera discusión, que es artículo por artículo, comenzará el 9 de octubre y para finales de ese mes la propuesta ya debe estar aprobada en Cámara", ratificó.
Consultada acerca de la eventual modificación del artículo 90 del texto de Miraflores, para fijar en siete horas la jornada diaria de trabajo diurna, Flores contestó: "No hemos abordado ese tema en la Comisión Mixta. Esa norma podemos aclararla, pero la esencia y la propuesta del Presidente son seis horas diarias y 36 horas semanales".
La Comisión Mixta de la AN realizó ayer una sesión extraordinaria en los jardines del Palacio Federal Legislativo, adonde acudieron voceros de distintos grupos sociales para manifestar sus propuestas y observaciones sobre el proyecto de reforma.
Aunque la mayoría de quienes intervinieron en la discusión respaldaron la tesis de Miraflores, varios líderes comunitarios aprovecharon la ocasión para hacer denuncias y pedir ayudas económicas.
Los representantes de la asociación Amigos de la Tercera Edad, del Movimiento Bolivariano de Ingenieros y Arquitectos Revolucionarios y del Sindicato Nacional de Conserjes de Venezuela, plantearon que estos colectivos sean cobijados por el "Fondo de estabilidad social para trabajadores por cuenta propia", contemplado en el artículo 87 de la propuesta.
Flores apuntó que estas iniciativas ciudadanas serán tomadas en cuenta por los legisladores, siempre y cuando no contradigan el espíritu, propósito y finalidad del proyecto de reforma constitucional.
La presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, será quien elaborará el proyecto de respuesta a la interrogante planteada por el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, sobre la manera cómo debe someterse a referendo la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Hugo Chávez.
En la cuenta número 156, de fecha 24 de septiembre, consta que Morales se autodesignó como ponente del recurso de interpretación del artículo 344 del texto fundamental solicitado por Díaz el pasado 20 de septiembre. La norma antes citada establece que la reforma puede votarse por separado, hasta un tercio de ella, siempre y cuando así lo solicite el presidente de la República, la Asamblea Nacional o 5% de los electores.
El representante del ente comicial es de la tesis que se debe permitir a los electores recoger las firmas necesarias para que el referendo consultivo conste de varias preguntas.
"Se le debe permitir a la gente escoger si quieren comerse completa la hallaca -en referencia a la reforma- o si prefieren comérsela sin cebolla o sin pasas", afirmó en esa ocasión Díaz.
Desde la oposición se le ha demandado a Morales que se abstenga de conocer cualquier recurso relacionado con las propuestas de modificación de la Carta Magna que llegue al máximo juzgado. La razón: la magistrada formó parte de la comisión que el jefe del Estado designó a principios de año para que le presentaran un anteproyecto de reforma.
Primero Justicia interpuso una acción similar, por lo que en predios del TSJ no se descarta que Morales también la asuma, mientras que Copei y el Comando de la Resistencia han demandado que sea desechada por inconstitucional.
Ligia González, coordinadora del movimiento de ciudadanos Súmate en el estado Nueva Esparta, aseguró refiriéndose a la reforma presentada por el presidente de la República, que ningún venezolano, sea cual sea su ideología política, estaría dispuesto a renunciar a sus derechos y mucho menos los que comprometan las libertades fundamentales.
"Estamos seguros de que ningún venezolano está dispuesto a renunciar a sus derechos y mucho menos otorgarle poder indefinido a un solo hombre", sentenció.
González destacó que la propuesta incluye la modificación del artículo 328, en la cual se indica que la Fuerza Armada no reconocería como parte del pueblo venezolano a quienes el Presidente califique como miembros de "oligarquía alguna o poder imperial extranjero".
"Esta pretensión amenaza la seguridad personal de millones de venezolanos que de forma pacífica y democrática se oponen al proyecto político del jefe de Estado", afirmó.
De igual forma aseguró que los cambios lesionan 7 derechos humanos fundamentales, entre los cuales está el derecho a la propiedad privada. "En el nuevo artículo no se hace ninguna mención a la garantía de disponer de las cosas que poseemos, lo cual nos lleva al terreno de la incertidumbre", señaló González, al tiempo que indicó que con ello se abren las puertas a la privación arbitraria de bienes.
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