"Si se aprueba la reforma constitucional se destruirá la economía y se acabará el Banco Central de Venezuela (...). El Gobierno podrá disponer de las reservas internacionales y administrar al país como a una bodega sin control de ninguna naturaleza" dijo el gobernador del Zulia y líder del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, quien además indicó que ante el panorama cualquier ciudadano común se puede preguntar: si con las actuales condiciones se despilfarra, se roba y se regalan las riquezas venezolanas, "¿qué va a pasar cuando no hayan controles a través del BCV?"
Señaló que en el país existe una economía artificial, porque los precios establecidos por el Gobierno no se corresponden con los que consigue la gente a la hora de comprar.
"La verdad se encuentra en la bodega, en los supermercados y en los mercados de toda naturaleza, porque una cosa es lo que dice el Gobierno y otra la realidad",
Durante una visita al barrio La Pastora, de Maracaibo, el dirigente opositor manifestó su desconfianza en la reconversión monetaria.
"Tenemos un dólar paralelo en más de Bs 5.000 y mientras todo eso ocurre, la respuestas a los problemas económicos de Venezuela es la aplicación de una política económica con un tal bolívar fuerte que, en definitiva, lo que tiene de fuerte es sólo la etiqueta y el nombre. (...) habrá que esperar la aplicación para ver si de verdad el bolívar va a ser fuerte. Yo creo que eso va a perjudicar a la clase media y a los sectores populares".
El UniversalGrupo 400+ pretende explicar riesgos de reforma ante la OEA
Una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, en la que se cuestiona el proyecto de reforma constitucional en Venezuela, entregaron ayer al representante en Caracas del referido organismo, Salvador Rodés, una delegación del autodenominado Grupo 400+.
Los embajadores Adolfo Taylhardat y Milos Alcalay -en nombre del grupo conformado por más de 400 personas de la sociedad civil-, fueron los encargados de entregar la misiva y de solicitar un derecho de palabra ante el Consejo Permanente del ente interamericano.
"Nosotros aspiraríamos a que así como Venezuela ya planteó en la agenda de la OEA el caso de la reforma constitucional, el Consejo (Permanente), una vez que ha escuchado a la parte gubernamental, le dé la oportunidad a la sociedad venezolana para que presente también su punto de vista", declaró Taylhardat a la salida del encuentro.
No obstante, los diplomáticos retirados dejaron en claro que no eran optimistas de que puedan expresar sus opiniones en ese escenario. "Sabemos que el Consejo de la OEA funciona con el sistema del consenso y que bastaría con que el representante de Venezuela se oponga para que no se dé esa oportunidad, pero el mismo hecho de que se rechace o se oponga a la participación de la sociedad venezolana ante la OEA, lo que haría es exponer ante el mundo y la comunidad latinoamericana el tipo de gobierno que tenemos", aseguró Taylhardat.
Dijo, además, que el embajador Rodés los recibió "muy cordialmente" y que ofreció que hará llegar "a la brevedad posible" el texto de la carta a Insulza, a quien ya le habían enviado el texto por Internet.
Taylhardat dijo que básicamente la misiva denuncia "el fraude que se pretende cometer contra la Constitución venezolana y el pueblo venezolano". El documento será también enviado a todas las embajadas de los países miembros de la OEA acreditados en Venezuela.
El diplomático explicó que en la reunión le comentó al embajador de la OEA la conveniencia de que una misión de observación de ese organismo esté presente durante el referendo para aprobar los cambios a la Carta Magna. Según Taylhardat, Rodés dijo estar en cuenta del asunto y a la espera de "conocer las normas del CNE sobre el referendo para hacer el planteamiento formal".
Más claro no pudo cantar
"Nuestro ordenamiento jurídico, desde su Constitución de 1830, ha erigido como principio general y presupuesto democrático, la alternabilidad, es decir el ejercicio sucesivo de un cargo por personas distintas, pertenezcan o no a un mismo partido".
"Este calificado 'derecho' de reelección (…) podría desvirtuarse y convertirse en una grave amenaza para la democracia: las ansias de perpetuación en el poder (continuismo), sí como la evidente ventaja en los procesos electorales de quien ocupa el cargo y a su vez es candidato a ocupar el mismo, han producido tanto en Venezuela como en el resto de Hispanoamérica un profundo rechazo a la figura de la reelección. En el caso de la designación del Presidente o el funcionario equivalente, esta desaprobación se ha traducido en rigurosas previsiones constitucionales, así, por ejemplo, en las Constituciones venezolanas de 1830, 1858, 1891, 1893, 1901, 1909, 1936, 1945 y 1947, se prohibía la reelección inmediata para el período constitucional inmediatamente siguiente; la Constitución de 1961 prohibía la reelección hasta por diez años o dos períodos constitucionales (…) y actualmente la Constitución de 1999, optando por una modalidad distinta para resguardar la alternabilidad establece 'El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un período adicional'. Es de resaltar que aunque su formulación rompa con la tradición, las limitaciones a la reelección previstas (…) ponen freno a las distorsiones que siempre han preocupado a nuestra democracia: el continuismo y el ventajismo electoral".
Esto que aparece entre comillas más arriba no lo inventé yo. Tampoco lo ha dicho algún dirigente de la oposición y mucho menos algún escuálido, oligarca, conspirador o traidor a la patria. Esos párrafos son textuales de la Sentencia No. 51 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia el 18 de marzo del año 2002.
Pero eso no es todo, en otra sentencia, la No. 73, dictada el 30 de marzo de 2006, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó lo siguiente:
"Esta voluntad legislativa sobre la alternabilidad sobre los cargos (...) se extiende para todos aquellos cargos de elección popular, encontrándonos que estas inhabilitaciones para reelecciones perpetuas las ha consagrado nuestro ordenamiento jurídico desde su nacimiento. Así lo ha dejado sentado esta Sala Electoral en sentencias previas, en este sentido podemos hacer referencia a la sentencia No. 51 del 18 de marzo de 2002, donde señaló lo siguiente: " (sigue la transcripción textual de los dos párrafos copiados más arriba).
Pero el TSJ no se quedó allí. En su sentencia No. 73 del 30-03-06 agrega lo siguiente:
"Como se observa en la anterior cita jurisprudencial, la prohibición de reelección sucesiva se presenta como una técnica de control legislativo derivada en la inconveniencia de que un ciudadano se perpetúe en el poder, pretendiendo, entre otras cosas restar capacidad de influencia a quien lo ha ejercido, y sobre todo, preservar la necesidad de que los aspirantes estén en un mismo pie de igualdad y que los funcionarios electos no distraigan sus esfuerzos y atención en asuntos diferentes a la completa y cabal realización de su gestión".
Esta jurisprudencia, además de ser tajante, interpreta fielmente el sentir de los venezolanos que a lo largo de su historia política han erigido como regla fundamental la sabia advertencia del Libertador Simón Bolívar quien reiteradamente señaló que el mandatario que se perpetúa en el poder inevitablemente se transforma en tirano.
En sus dos sentencias el TSJ formula también una clara advertencia acerca del peligro que representa la perpetuación de un mandatario y recuerda que la alternabilidad en el desempeño de los cargos públicos es, además de un principio general, un presupuesto esencial de la democracia.
La sentencia destaca además que la prohibición de la reelección sucesiva es una "técnica de control legislativo" para impedir "que un ciudadano se perpetúe en el poder". No puede dejar de causar indignación constatar que precisamente el órgano cuya función es ejercer ese control legislativo no solamente se pliega totalmente a la ambición continuista del Presidente, sino que hasta fabrica argumentos artificiosos y falaces para justificarla.
Causa igualmente indignación constatar que la presidenta del Tribunal Supremo, quien además fungió también como presidenta de la Comisión Presidencial que elaboró el "anteproyecto de reforma constitucional", haya ignorado estas dos importantes Sentencias y haya aceptado la inclusión de una propuesta destinada a consagrar la reelección continuada, indefinida, permanente, perpetua, o como quiera llamársela, pero en todo caso antidemocrática, abusiva, contraria al sentimiento general de los venezolanos y en abierta contradicción con la jurisprudencia sentada por el alto cuerpo jurisdiccional del cual ella no solamente forma parte sino que además lo preside.
Adolfo Taylhardat
El Universal
www.adolfotaylhardat.net
El fetichismo constitucional
No es extraño a nosotros la absoluta convicción de que las normas o leyes lo resuelven todo, por lo cual junto a una "comisión", lo primero que se nos ocurre es que hay que elaborar una normativa para resolver un problema. Es la concepción mágica de la ley que, una vez elaborada y aprobada, ni se aplica, ni se conoce, ni resuelve el asunto planteado.
No tenemos un verdadero país gracias a la Constitución de l999, que no era mejor ni peor que la Constitución de 1961. La inseguridad, las deficiencias del sistema de salud, el desempleo o el estado de postración de la justicia no se resuelven con la reforma de la Constitución y alegarlo, dejarlo entrever o mencionar que el país avanzará con la reforma es un burdo artificio. Sin duda, ello no significa que no sean importantes las normas para regir la vida social y por ser así deben ser claras, breves y responder a principios fundamentales, en el caso de una Constitución o a exigencias verdaderas y realistas de una comunidad, en el caso de leyes, reglamentos y ordenanzas.
Constituye simplemente un engaño al pueblo, pregonar que la reforma constitucional resolverá problemas fundamentales de Venezuela, aunque lo que es cierto es que establecerá normas, principios o reglas que pueden alterar sustancialmente el sistema democrático.
Dos ejemplos ilustran lo expresado:
La reelección indefinida, contínua o sin límite de tiempo en un sistema presidencialista, sin contrapesos institucionales, sin controles, con la más absoluta concentración del poder político y económico, con el aparato de la propaganda oficial, el clientelismo exacerbado y la capacidad para disponer de dinero y repartirlo a manos llenas, convierte en un mito la alternabilidad en el ejercicio del Gobierno y la democracia se presenta como un parapeto, con el enunciado vacío y falso de que "el pueblo tiene el poder": ¿cuál pueblo?, ¿cuál poder?
Por otra parte, dejando a un lado otros aspectos fundamentales, el tratamiento de la propiedad privada es un asunto crucial. Todo ser humano, aspira a tener algo como propio y disponer de ello es un derecho natural que se expresa desde el momento en que el niño utiliza la expresión "mío" y el adulto trabaja por tener una vivienda y otros bienes que pueda utilizar y disponer, sin que ello niegue la función social de la propiedad.
La regulación de la propiedad debe dejar claro que es un derecho con todos los atributos constitucionales de la fórmula tradicional y el añadido constitucional, en materia de expropiación, de la facultad del Estado para ocupar previamente, durante el proceso judicial, los bienes objeto de expropiación es, simplemente, una puñalada trapera a esta figura, de carácter excepcional y sujeta a precisas limitaciones, con la cual, sin más, en procesos interminables, con una justicia maniatada, el expediente de expropiar, en casos de verdadera y comprobada utilidad pública, fácilmente se convertirá en regla, con una ocupación previa que dejará indefenso al propietario.
En este momento, con los recursos que tiene el Estado, la prioridad no es la reforma constitucional, sino poner manos a la obra para resolver los problemas gravísimos que afectan a toda la sociedad venezolana, siendo el más importante el drama de la inseguridad.
Alberto Arteaga Sánchez
El Universal
arteagasanchez@cantv.net
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