La asociación civil Súmate denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) viola los "principios electorales de imparcialidad, transparencia e independencia" al aprobar unas normas para la campaña del referendo de la reforma constitucional que "favorecen al sector oficial".
Advierten que el ente comicial contribuye a la "desigualdad e inequidad de los actores que no pertenecen a los bloques del Sí o del No", cuando acepta en las normas de publicidad y propaganda la labor proselitista del presidente de la República y los diputado del Parlamento, argumentando que son los mayores promotores del Sí.
"Con esta concesión graciosa del CNE aseguramos que las irregularidades y violaciones de las leyes serán mayores a las ocurridas en la pasada campaña electoral de las presidenciales", refiere un comunicado de Súmate, en el cual precisan que en los pasados comicios presidenciales hubo una presencia oficial de 14 a 1 en los medios audiovisuales del Estado y 3 a 1 en los medios impresos, en relación con la oposición.
Asimismo, la organización considera que el ente comicial está jugando "posición adelantada" al organizar para mañana un simulacro de votación, cuando el Tribunal Supremo, de manera "insólita", no ha decidido si la reforma se votará en bloque o por separado.
Aseguran que se requiere de seis meses para auditar la plataforma tecnológica a utilizar en el referendo, si se pretende ofrecer las "garantías mínimas" para la celebración de la consulta popular.
A las 10 de la mañana del viernes, la avenida Teherán se convirtió en un salón de clases. Los alumnos de la Universidad Católica Andrés Bello trasladaron pizarrón, escritorio y pupitres a la entrada de la casa de estudio, para recibir una clase magistral sobre el proyecto de reforma constitucional que se discute en el Parlamento.
Todo comenzó una hora antes cuando un grupo de estudiantes de Ingeniería convocó a una asamblea para hablar sobre la agresión que sufrió el representante estudiantil del Consejo Universitario, Yon Goicoechea, el día jueves durante un foro sobre la reforma constitucional en el Instituto Pedagógico de Caracas. En el auditorio de la biblioteca se acordó que era necesario hacer una demostración en rechazo a la intolerancia y la violencia observadas en el foro.
"Antes veníamos a aprender a los salones, ahora las lecciones están en la calle", dijo Juan D'Alta, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, mientras un grupo de efectivos de la Policía Metropolitana observaba desde el otro lado de la avenida.
Miguel Saval, estudiante recién egresado de la UCAB y profesor en la Escuela de Ingeniería, dictaba la lección constitucional con un megáfono, hacía preguntas y prestaba el artefacto a quienes quisieran manifestar su opinión.
Los estudiantes repartieron panfletos y copias del proyecto presidencial a los conductores que esperaban su turno para pasar por el único canal que dejaron libre. Los cornetazos de los impacientes fueron respondidos con la consigna: "¿Quiénes somos?, estudiantes. ¿Qué queremos?, libertad".
Al terminar la intervención de Saval, dos jóvenes del movimiento estudiantil trajeron un micrófono y una corneta, para que quienes se ubicaron en la pasarela pudieran escuchar las palabras de los dirigentes ucabistas Manuela Bolívar y David Smolansky.
Al mediodía la manifestación ya había concluido. Los estudiantes se retiraron a sus aulas, pero prometieron volver a tomar la calle para fomentar la tolerancia e informar al pueblo sobre la propuesta de cambios a la Carta Magna.
Miembros de la juventud aurinegra invitaron a la colectividad a la marcha que se realizará el próximo jueves hacia el Consejo Nacional Electoral, para exigir que no se realice un referendo para aprobar un proyecto que consideran inconsulto.
El dirigente juvenil Marco Trejo recordó que en las jornadas de parlamentarismo los oficialistas han respondido a los disidentes con intolerancia, violencia y exclusión.
"En Venezuela se ha legislado de espalda a la gente", afirmó Trejo.
Grupos de estudiantes, tanto en el oriente como en el occidente del país, también manifestaron su rechazo a las agresiones sufridas por Yon Goicoechea.
Los alumnos de la Universidad José Gregorio Hernández en Maracaibo, protestaron incendiando cauchos y cerrando calles aledañas a esa institución, lo que creó caos vehicular en la zona por varias horas.
Por su parte, los universitarios del estado Anzoátegui, reunidos en el Movimiento Generación 2007, rechazaron lo ocurrido en Caracas.
Gustavo Briceño, en representación del alumnado regional, señaló que el hecho podría ser calificado como un atentado contra el líder estudiantil.
Exigen al TSJ apurar respuesta sobre 348
El Movimiento 348 solicitó a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ordene al Consejo Nacional Electoral que responda a la petición, hecha por representantes de esa agrupación, para activar la recolección de firmas con miras a solicitar una Asamblea Nacional Constituyente.
Franco Casella, miembro del Movimiento 348, indicó que hace más de 30 días consignaron ante el Poder Electoral un documento en el que plantearon la solicitud formal para activar el artículo 348 de la Constitución, que permite la recolección de las firmas de 15% de los electores inscritos en el Registro Electoral, con lo cual se puede convocar una Asamblea Constituyente.
"Estamos valiéndonos del artículo 348 que reza que 15% de los electores inscritos tienen el derecho ciudadano, político, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente", dijo Casella.
Reporteros sin Fronteras critica cambios al 337
Reporteros sin Fronteras (RSF) cuestionó la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar la reforma constitucional "que limita el acceso a la información, en casos de estado de excepción", según un comunicado emitido ayer.
"El artículo 337 modificado supone ya un revés para las libertades fundamentales en general, y la de la prensa en particular", señaló la organización no gubernamental con sede en París (Francia).
En su escrito, la agrupación afirma: "Existen sobrados motivos para preocuparse por la articulación entre este artículo y el siguiente, que da poder al presidente de la República para decretar por sí solo el estado de excepción ilimitado".
Seguidamente RSF argumenta que "según la jurisprudencia de la Corte Interamericano de Derechos Humanos, a la que Venezuela debe atenerse en tanto que Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), el estado de urgencia, o de excepción, no puede ser indefinido".
"Además, el estado de excepción no debe convertirse en una manera cómoda de menoscabar la libertad de prensa, en un país marcado por una fuerte polarización mediática", advierte en su comunicado la organización.
La Asamblea Nacional aprobó el miércoles, por la casi unanimidad de sus miembros (160 votos a favor y siete abstenciones), la reforma constitucional que entre otras cosas amplía los poderes del jefe del Estado y le confiere la posibilidad de decretar el estado de excepción ilimitado, sin que obligatoriamente lo tenga que avalar el Tribunal Supremo de Justicia (artículo 338).
El UniversalOposición solicitó posponer hasta febrero el referendo
Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Copei y Podemos solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) posponer por dos meses el referendo sobre la reforma constitucional, inicialmente previsto para el domingo 2 de diciembre, a fin de que el electorado pueda conocer lo suficiente el proyecto de modificación a la Carta Magna.
Representantes de los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, sostuvieron ayer un encuentro con los rectores del organismo para conocer de manera oficial la normativa que regirá la consulta.
Aunque Omar Barboza, dirigente de UNT, destacó como "positivos" los anuncios del CNE de realizar una auditoría a la tinte indeleble; revisar 54% de las mesas de votación al cierre de la jornada electoral,eliminar los cuadernos complementarios para los militares y celebrar debates televisivos entre partidarios y detractores de la reforma, destacó que el "planteamiento central" de la oposición fue "hacer un llamado a la sensatez".
"Consideramos que lo sensato, lo que respeta el derecho constitucional y el derecho a la información de los electores es hacer esta consulta dos meses después, para que se conozca suficientemente (el proyecto) y para que no tengamos que hacer auditorías apresuradas, sin tiempo, forzando todo para cumplir con el deseo del Presidente (Chávez) de que la consulta se haga el domingo 2 de diciembre", dijo Barboza.
La oposición recordó que en el año 2000, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las megaelecciones porque no existían las condiciones técnicas para garantizar la confiabilidad y la transparencia del acto electoral, como tampoco la suficiente información sobre la totalidad de los candidatos postulados para los cargos a elegir.
Aunado a esto, Podemos planteó a las autoridades comiciales la necesidad de esperar por el pronunciamiento del máximo tribunal del país en torno a cómo votar la propuesta: si en bloque o por temas.
En la reunión, los rectores ratificaron que la fecha para celebrar el referendo dependerá de la Asamblea Nacional, por cuanto la ley les ordena realizar la consulta 30 días después de que sea consignado el proyecto de modificación a la Constitución.
Ismael García, secretario general de Podemos, pidió al ente comicial que interceda "inmediatamente" para evitar que la discusión en torno a la reforma constitucional "se convierta en un clima de violencia".
Propuso que convoquen a una reunión entre el Ministerio del Interior y Justicia, la Fuerza Armada Nacional, las organizaciones sociales y los partidos políticos a fin de llegar a ciertos acuerdos.
"Estamos dispuestos a firmar un documento donde nos comprometamos a que los espacios del país puedan ser ocupados por todos los ciudadanos", dijo el parlamentario, luego de condenar la violencia registrada en el Pedagógico de Caracas durante un foro sobre la reforma.
"Si alguien convoca a una asamblea, un día determinado, por qué tienen que ir los que piensan de manera distinta a sabotear. Esos son actos de provocación. Eso hay que rechazarlo, no se puede tratar de justificar lo que es injustificable", acotó.
Según García, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, habría dicho que el mantenimiento del orden "es un asunto del Gobierno", a lo cual el diputado respondió: "Creemos que es un asunto donde el árbitro, en este caso el CNE, puede ayudar, porque más allá de las formalidades que están en la ley, se trata de crear un clima de armonía".
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