A pesar del rechazo de muchos sectores del país a la propuesta de reforma constitucional, el Gobierno continúa con ella.
Empresarios, sindicatos, la Iglesia Católica y los estudiantes universitarios, constituyen apenas un pequeño grupo de quienes se han pronunciado en contra de los cambios a la Carta Magna.
Al respecto, el politólogo Carlos Raúl Hernández, explica que un cambio de tal magnitud al ordenamiento jurídico debería contar con el máximo consenso posible de la población.
Explica que una constitución se hace para garantizar los derechos de los ciudadanos frente al Estado. "Es un pacto de acero que se establece en una sociedad y que todo el mundo debe acatar".
No obstante, opina que en el caso de la actual reforma constitucional, "sólo representa a los grupos de poder, incluso no representa a los chavistas, que en su mayoría están en contra".
Añade que los cambios propuestos son "una decisión de una pequeña cúpula. Doce personas que pretenden ponerle al resto del país una soga en el cuello y las consecuencias pueden ser lamentables", vaticina.
Sectores de la oposición se han quejado permanentemente de que la consulta elaborada por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional sobre la reforma, estaba dirigida a escuchar sólo a quienes respaldan la propuesta presidencial.
De esa forma, el país entero fue testigo del montaje de toldos en cualquier esquina, para proteger del sol o de la lluvia a un grupo de personas con franelas rojas, que hacían loas a los cambios planteados y cuando la oposición trató de intervenir, se les acusó de saboteadores y provocadores. Así ocurrió con los dirigentes estudiantiles en una sesión de la Comisión Mixta en el teatro Teresa Carreño y el martes pasado con miembros de Primero Justicia, quienes intentaban ingresar al Parlamento, donde se realizaba la sesión plenaria.
Pero, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de aprobar una reforma sin el respaldo de amplios sectores del país? Al respecto, Carlos Raúl Hernández sostiene que "El Gobierno está en una situación muy mala, se apruebe o no la reforma".
Explica que con la aprobación de los cambios, el presidente de la República tendrá una concentración de poder, "que excepto Fidel Castro, que ha impuesto la paz por 50 años matando gente", no tiene parangón en el Hemisferio americano.
"En el caso venezolano, la concentración de más poder, sumada a la descomposición del país y el chavismo -basta ver las protestas que realizan a diario, señala- harán que el Gobierno tenga que resolver más problemas, y si no puede con los actuales, le va ser muy difícil al tener que asumir competencias como la de las gobernaciones o la facultad de cambiar el poder del voto por decisiones suyas", dijo.
Hernández asegura que esa realidad "va hacer el país inmanejable". "Le temo más al caos y la anarquía que se van a producir, que a la propia dictadura que quiere aplicar", dijo.
Para el politólogo la situación que atraviesa el país se está convirtiendo en un coctel explosivo. Argumentó que la suma de aspectos, como una reforma monetaria sin un ajuste fiscal, que según experiencias como la argentina, puede llevar al país a un importante proceso inflacionario, la situación de desabastecimiento, más la reforma, pese a estar sentado el Gobierno en un barril de oro, "hará que la situación reviente, posiblemente el año que viene".
El UniversalOpción de referendo en bloques complica cronograma del CNE
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Hugo Chávez complicó el cronograma para organizar el referendo constitucional. La sugerencia presidencial de dividir en bloques la votación de la consulta popular generó un cisma en el organismo comicial.
Aunque la mayoría de los rectores consideran que las normas que regularán la consulta popular -aprobadas definitivamente ayer- no deberían modificarse sustancialmente, el presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, Vicente Díaz, sostiene que es necesario reglamentar la existencia de varios bloques, y la posibilidad del voto cruzado en el referendo constitucional.
Fuentes vinculadas a la presidencia del organismo explicaron que el CNE debe esperar a que la Asamblea Nacional entregue el proyecto de reforma constitucional, para decidir si la norma que establece la existencia de bloques en el referendo debe cambiarse.
Vicente Bello, representante de Un Nuevo Tiempo ante el organismo comicial, sostiene que de prosperar la nueva propuesta presidencial, como mínimo debería repetirse la auditoría de las máquinas de votación. Desde su perspectiva, dividir -a escasos 32 días del referendo- la votación provocará que el CNE deba reimprimir todas las actas y material de entrenamiento elaborado a la fecha.
Desde el punto de vista técnico no existe acuerdo entre los integrantes de las direcciones de Informática y Automatización sobre la incidencia de la propuesta de dividir la votación. Mientras un grupo de expertos explica que las máquinas deberán reprogramarse, otro grupo señala que la inclusión de dos nuevas preguntas no afectará el trabajo del organismo comicial.
Entre los técnicos de oposición tampoco existe acuerdo sobre la incidencia de la nueva propuesta presidencial
En una misiva enviada a la presidenta del Poder Electoral, Antonio Mugica, presidente de Smartmatic, exigió el pago inmediato del acuerdo suscrito para los referendos revocatorios y la firma -antes del 2 de noviembre- de los contratos previsto para el referendo consultivo. Mugica explica en la misiva que Smartmatic no puede seguir autofinanciando la organización de la consulta. En caso de que el CNE incumpla la fecha tope para la firma de los contratos, la empresa no se responsabilizará por la organización del referendo constitucional para el domingo 2 de diciembre.
A pesar de que los rectores negaron conocer la misiva, fuentes vinculadas a la presidencia del organismo aseguraron que el CNE dispone del presupuesto para rubricar los contratos con todos los proveedores. A la par recordaron que la firma de los acuerdos fue autorizada desde hace tres semanas. Atribuyeron a problemas burocráticos el retardo denunciado por Mugica.
Vicente Díaz y los partidos de oposición confiaban en que las normas del referendo permitirían el financiamiento mixto de la campaña en los medios de comunicación nacionales.
No obstante, el proyecto de normas definitivo difundido ayer elimina esta posibilidad y establece que el Poder Electoral contratará y financiará toda la pauta publicitaria en radio, prensa y televisión nacional.
Sobre este punto, el rector Yépez precisó que recaerá en los bloques la elaboración de las piezas publicitarias, correspondiendo al CNE evaluar los contenidos de la propaganda para supervisar si se ajustan o no a lo establecido en la norma.
El UniversalPrimero Justicia tomó el TSJ en espera de respuesta sobre el 343
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Mes y medio después de haberle solicitado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que interpretara el artículo 343 de la Carta Magna, una veintena de dirigentes y militantes de Primero Justicia acudieron ayer a la sede del máximo juzgado del país para iniciar, en su interior, una vigilia y así presionar una pronta aclaratoria sobre cómo debe votarse el proyecto de reforma: ¿En bloque o por partes?
En horas del mediodía, los militantes de la tolda aurinegra, sin ningún tipo de identificación y en grupos de tres o cuatro personas, comenzaron a llegar al edificio ubicado al final de la caraqueña avenida Baralt, justo cuando en su interior se desarrollaba la última jornada del Congreso de Derecho Electoral y Participación Ciudadana.
Los ex diputados Julio Borges y Carlos Ocariz, acompañados por el alcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski, se apersonaron cuando ya había unos 15 justicieros dentro del recinto judicial.
"Estamos a pocas horas de que cierren el telón y de que quieran atrapar a Venezuela en un proyecto de reforma constitucional que se ha hecho demasiado rápido, radical e inconsulto. Subimos a ver el expediente (del recurso que interpusieron el 18 de septiembre) y no se ha hecho nada, absolutamente nada. Volvimos otra vez a la oficina de la doctora Luisa Estella Morales (presidenta del TSJ) y nos dijo que no nos podía recibir, entonces, ¿qué les queda a los venezolanos que esperan viviendas, alimentación, seguridad y empleo?", se preguntó Borges, quien acto seguido anunció que permanecerían dentro del TSJ hasta que les aclaren si los ciudadanos pueden pedir que la reforma sea votada en partes.
Las palabras del ex legislador encendieron las alarmas del equipo de seguridad del máximo juzgado. Sin embargo, no fue sino hasta que opositores se tumbaron en el piso y dibujaron la cifra 344 que les anunciaron que serían recibidos.
Tres horas permanecieron reunidos. Primero con la magistrada Morales y después con el magistrado Jesús Eduardo Cabrera, quien debe resolver la recusación contra la presidenta del organismo.
Al cierre de esta edición los opositores permanecían en el interior de la sede del ente rector del Poder Judicial. A las 7:30 de la noche los efectivos de la Guardia Nacional desalojaron a los periodistas que cubrían la manifestación.
Estudiantes y profesores marcharán en bloque
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Si bien el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) no estuvo este miércoles a su máxima capacidad, los asistentes al evento por "La libertad y contra la reforma" ratificaron su respaldo en la defensa de la democracia y, por ende, de la autonomía.
Tan es así, que una de las frases del encuentro fue: "Salvemos la democracia, defendamos la autonomía". Profesores y estudiantes, las autoridades no asistieron, se comprometieron a dar la pelea y la marcha pautada para hoy a las 11: 00 a.m., desde la UCV hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), será el escenario propicio para ese apoyo. Por igual, se espera que hoy rectores y ex autoridades de las universidades nacionales se unan a la manifestación.
En el acto se rindió un extensivo aplauso al dirigente político Pompeyo Márquez, por su coraje ante las agresiones de estudiantes chavistas en el Pedagógico de Caracas la semana pasada, igual a la actriz Fabiola Colmenares y al estudiante Yon Goicoechea.
Al respecto, Márquez exclamó que así como luchó contra la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, ahora le corresponde dar la pela contra la autocracia del presidente Chávez.
Advirtió que lo más terrible y peligroso que le puede pasar a una sociedad es que el odio y el fanatismo se instalen, como está pasando.
"El fanático es intolerante porque no reconoce al contrario, no admite otras opiniones, y sólo destruye. Los jóvenes no deben odiar, sino debatir".
La estudiante de la USB, Joan Marie Blanco, leyó un texto sobre la libertad. "Esta libertad está, hoy por hoy, una vez más en peligro. Mediante un perverso proceso de "reforma" de la Constitución de 1999, el actual régimen amenaza la autonomía de la universidad y, con ella, la libertad de pensar y de difundir el pensamiento. El peligro para esta forma de libertad se extiende a la libertad de una sociedad que la vivió y extendió durante 40 años de evolución en paz", expresó.
Al presidente de la FCU de la UCV, Stalin González, le correspondió fijar la postura de la comunidad universitaria ante la reforma constitucional.
"Los universitarios por la libertad consideramos inaceptable el cambio de la Constitución propuesto por el presidente de la República porque configura un fraude constitucional, menoscaba los derechos humanos, consolida un régimen personalista, con pretensiones de perpetuidad, termina con la sociedad pluralista y nada resuelve sobre los problemas del país".
El vocero estudiantil advirtió que las reformas propuestas son un paso más "en la estrategia de conformar un gobierno centralista, personalista, autocrático, vitalicio, permisivo ante la corrupción y ante la violencia contra los ciudadanos, militarista, policial y desconocedor de derechos fundamentales, que ha introducido la división y la pugnacidad en las familias venezolanas".
Por último, el docente Amalio Belmonte, señaló: "Es de la propia universidad de donde deben nacer las ideas para su transformación. Somos nosotros los actores con nuestros recursos, virtudes y fallas, quienes debemos decidir el futuro de la institución y no el juicio unilateral y propósitos impuestos desde el Gobierno".
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Aunque "desde el punto teórico una reforma constitucional puede implicar la derogación de leyes preexistentes", expertos no descartaron que la disposición de la reforma constitucional que anula la Ley Orgánica de los Estados de Excepción busque permitirle al presidente de la República que decida lo que son o no las situaciones extraordinarias.
"Yo creo que la finalidad real de esto es reiterarle al jefe del Estado que tiene todas las facultades para decretar cuando quiera y como quiera los estados de excepción, que puede establecer cuánto durarán, cuáles son las garantías que serán suspendidas e incluso que puede dictar la ley que los regulará, gracias a la Habilitante que le fue otorgada a principios de año", dijo el ex magistrado de la Corte Suprema Román Duque Corredor. Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José Vicente Haro, recordó que tradicionalmente una modificación a la Carta Magna puede suponer que parte o la totalidad del ordenamiento jurídico quede sin efecto y que normalmente es el máximo juzgado el que determina cuáles instrumentos legales contrarían o no el texto fundamental.
Sobre el caso en particular, aseguró que el Parlamento no tenía facultades para dejar sin efecto la Ley de Estados de Excepción, la cual "establece los mecanismos para proteger las garantías fundamentales durante los períodos extraordinarios". La razón: "Esta medida es una desmejora en materia de derechos humanos, lo cual viola la Constitución".
Comunidad de la UDO rechaza cambios
Puerto La Cruz.- Haciendo una exhortación a las autoridades del Gobierno nacional para que reflexionen en torno a querer imponer la reforma de la Constitución, la rectora de la Universidad de Oriente, Milena Bravo de Romero, expuso que no se puede pretender borrar la historia y cambiar el acontecer universitario, a espaldas de los afectados como los profesores, personal y estudiantes, de allí que en esa casa de estudios se repudia ese proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, que busca lesionar la autonomía de las universidades.
Al celebrar un año en el cargo de rectora, destacó que las autoridades fueron electas con 62% de una votación democrática y "no sería tan fácil venir ahora a cambiar el ritmo de la vida universitaria y decirnos que ya no somos autoridades".
Adujo que eso tiene que pasar por una serie de consultas, discusiones y no se está respetando la voluntad del pueblo, que en la UDO está reflejada en la comunidad universitaria, que escogió libre, en sana paz y armonía a sus directivos rectorales.
Dijo que los universitarios del país siempre han dado la talla, por lo que están dispuestos a defender lo que han ganado y les es propio.
Expresó que hay decanos que todavía no han tomado posesión de sus cargos, y sería muy mal, decirles que ya no son autoridades, si el Gobierno insiste en tener injerencia en ese sector académico.
Reelección continua y reducción de jornada son inseparables
La presidenta del Parlamento, Cilia Flores, señaló minutos después de la propuesta presidencial para un referendo constitucional por bloques que que el proyecto de 69 artículos puede ser sometido a referendo dividido en bloques o temas; sin embargo, aclaró que la propuesta original redactada por Chávez no será seccionada.
Tomando como base lo expuesto en la disposición 344 de la Carta Magna, Flores explicó que al paquete inicial se le podrían agregar 13 artículos, para conformar un bloque de 46 normas. Con los restantes 23 apartados se crearía otro módulo o hasta dos más (12 y 11).
El 344, que hasta la fecha había sido blandido por la oposición, apunta que "el referendo se pronunciará en conjunto sobre la reforma, pero podrá votarse separadamente hasta una tercera parte de ella". La tercera parte de 69 es 23.
De aplicarse el modelo planteado por la directiva de la Asamblea Nacional, la reelección indefinida y la ampliación del período presidencial compartirán el mismo segmento con la reducción de la jornada laboral y la fundación del Fondo de Estabilidad Social para Trabajadores y Trabajadoras por Cuenta Propia.
La legisladora ratificó que la iniciativa del mandatario "es un bloque" indivisible.
Está previsto que este viernes la AN sancione el proyecto de reforma constitucional y lo consigne en el Consejo Nacional Electoral. Los diputados también deberán llevar al ente comicial la pregunta o preguntas que se realizarán en la consulta popular. PPP
El Universalreforma constitucional
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