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Conflicto armado De llegarse a demostrar que en el presente o el pasado, el Estado venezolano, preste o haya prestado, algún tipo de ayuda material a la insurgencia colombiana del ELN o de las FARC, y que a su vez ese apoyo pueda ser demostrable, será inevitable la internacionalización del conflicto armado, por el momento interno en el territorio de Colombia. Desde el mismo momento en que pueda demostrarse cualquier suministro logístico, de apoyo a una de las fuerzas en conflicto dentro de Colombia, eso generará consecuencias para Venezuela, como involucrar al conjunto del país y su Fuerza Armada Nacional en un conflicto bélico, o la complicidad directa con una de las partes, involucradas éstas, en crímenes de guerra, actos terroristas y delitos de lesa humanidad, tipificados en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, suscritos por Venezuela el 21 de febrero de 1956 y más que tarde, el 6 de junio de 1998, fueron ratificados al firmarse los dos Protocolos Adicionales, que obligan al país a cumplir con el principio de jurisdicción universal respecto a los crímenes de guerra.Partiendo de esa premisa, la abogada, especialista en derecho internacional Rocío San Miguel, acudió el pasado 17 de enero a la Fiscalía General, donde interpuso una solicitud ante la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a fin de que el Estado venezolano, "adopte en función del principio de jurisdicción universal, todas las medidas legales pertinentes, que permitan capturar y procesar a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejercito de Liberación Nacional, organizaciones guerrilleras colombianas, que se encuentren, por cualquier motivo, en territorio nacional o ingresen en el futuro y que hayan incurrido en crímenes de guerra, o se encuentren siendo procesados por ello por otros estados, tal como lo establece los mencionados convenios.
La solicitud fue realizada por la abogada en nombre de la asociación civil que preside, "Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
El escrito se sustenta en que el Presidente de la República, Hugo Chávez, decidió asignar el carácter de deliberantes o de combatientes a los miembros de las organizaciones guerrilleras colombianas y reconoce el conflicto armado "no internacional" en Colombia, conforme están definidos en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949. Es evidente que como presidente, su postura obliga internacionalmente al Estado que representa. Y ello genera consecuencias respecto a la aplicación del principio de jurisdicción universal sobre crímenes de guerra, siendo esto necesario para que el Ministerio Público pueda actuar en consecuencia.
¿Estaría dispuesto el gobierno de Hugo Chávez a entregar guerrilleros solicitados por la justicia internacional o colombiana? ¿O por el contrario las últimas declaraciones en la Asamblea Nacional colocan al Estado venezolano, como un aliado de una de las partes del conflicto interno?
La postura Chávez ha recorrido un largo camino de controversias que se iniciaron cuando en 1999, el Presidente se declaró neutral frente al conflicto armado en Colombia, colocando en el mismo estatus a insurgentes y gobierno. Al mismo tiempo se produjo una serie de incidentes como la visita de una delegación de las FARC para asistir como invitados a un foro sobre el Plan Colombia en la Asamblea Nacional, denuncias de presencia de campamentos en territorio venezolano y hasta un plan proyectado por el actual ministro Rodríguez Chacín, con acuerdos de apoyo logístico y atención médica a "combatientes" de la guerrilla. Tales acciones han estado acompañadas por confrontaciones y declaraciones de ruptura entre ambos gobiernos, alimentadas en proyectos ideológicos contrapuestos.
El pasado domingo, Chávez calificó al presidente colombiano Alvaro Uribe, como "cobarde, mentiroso, cizañero, maniobrero y de sostener fuertes vinculaciones con el paramilitarismo. De esa manera el presidente venezolano respondía a los cuestionamientos que hiciera el zar de la droga, John Walters, y el jefe de Estado Mayor Conjunto de EEUU, Glen Mullen, de visita en Bogotá, sobre la poca colaboración venezolana en materia de narcotráfico. "La oligarquía colombiana pide refuerzos para atacar y traen a los gringos", dijo agregando más leña al fuego, en una cadena de declaraciones contra Uribe que se ha incrementado desde que fue excluido como mediador en el caso de los rehenes de la guerrilla. Una declaración de ese calibre, si hubiese sido dada a mediados del siglo XX, a juicio de la especialista Rocío San Miguel, habría constituido de inmediato una declaración de guerra.
Pero como dice el refrán: Chávez no da puntada sin dedal, y su enfrentamiento con el Gobierno colombiano está inscrito en su política exterior de expansión continental de la revolución, de alianza y fortalecimiento de los movimientos radicales y de ultraizquierda del continente. Esa tesis ha sido expuesta por analistas como el fallecido Alberto Garrido y evidenciada en el apoyo directo que han recibido algunas organizaciones, según denuncias desde esos países.
Desde Colombia, diversos analistas y voceros políticos ven con preocupación el acercamiemto de Chávez a los insurgentes y cómo, una posible alianza Chávez-FARC, puede ser letal para la estabilidad política de la democracia en Colombia. El pasado miércoles, el editor de las páginas editoriales de El Tiempo de Bogotá, Álvaro Sierra, señaló en un trabajo publicado en ese diario que: "El peor escenario (para Colombia) sería que Hugo Chávez incorpore a las FARC como componente de su proyecto continental. Sobran argumentos -dice-. El proyecto chavista es expansionista: el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, dio a un secuestrador una despedida de camarada, y el coronel -presidente- con el aplauso unánime de su Asamblea Nacional, pidió a Colombia dar deliberancia a las FARC (¿) Hay argumentos de detalle: los comunicados de las FARC aparecen antes en la Agencia Bolivariana de Noticias que en Anncol, su vocero oficioso, o en su página web." (¿) En tal escenario, basta imaginar por un momento lo que podría pasar a lo largo de semejante geografía (2.219 kilómetros de frontera) si Venezuela decide pasar de la complacencia, hasta hoy reportada, a un apoyo logístico y económico activo y sostenido a las FARC" (¿) Una cosa es que se la juegue por el proyecto armado de las FARC y otra que planee convertirse en mesías de la paz en Colombia, creyendo que su cercanía ideológica y su influencia podrían llevarlas a negociar el desarme, para integrarlas, eventualmente, a la expansión bolivariana¿"
¿Cuál de estas dos posturas es la que seguirá el presidente Chávez? Las estadísticas muestran una disminución de la capacidad bélica de las FARC y el ELN. Militarmente el gobierno colombiano ha logrado avances importantes en la reducción de las fuerzas guerrilleras y el número de secuestros, sabotaje y acciones armadas se redujó en los últimos dos años (ver pagina Fundación Seguridad & Democracia) por lo que, la alianza venezolana es fundamental para esos grupos, independientemente de que cada lado tenga su propia agenda.
El pasado miércoles fue difundida una declaración de uno de los más importantes jefes de las FARC, Raúl Reyes, quien una vez más expresó su afinidad ideológica con Hugo Chávez y la coincidencia en la beligerancia de la organización guerrillera: "Es incuestionable la gestación del nuevo Estado Bolivariano socialista en las FARC, hecho que estimula a destacados jefes bolivarianos, como el señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a quien el pueblo colombiano debe agradecer todos sus esfuerzos para conseguir la liberación de los prisioneros y allanar el camino de la reconciliación y paz con justicia social de Colombia".
En su intención de ayudar en la causa de las FARC, el presidente Chávez utilizó la calificación de deliberancia buscando un estatus de igualdad y respetabilidad en el concierto internacional para los insurgentes. A juicio de Rocío San Miguel, ese es un término político al cual apela el Presidente pretendiendo utilizar el Derecho Internacional Humanitario a favor de ese objetivo. Sin embargo, sostiene la especialista, que un individuo puede ser combatiente tanto de una fuerza insurgente como de una fuerza regular, pero al mismo tiempo convertirse en criminal de guerra o en terrorista. Es decir, no son estándares inamovibles. En el caso de las FARC y el ELN la situación se complica ya que hay una tipificación colectiva muy poderosa porque proviene de la Unión Europea. Las FARC han cometido crímenes que estarían dentro de la calificación de crímenes de guerra o terrorismo, como la utilización de víctimas como escudos humanos, el secuestro, ataques a poblaciones civiles con cilindros de gas, las condiciones inhumanas y degradantes en que son tratados los secuestrados.
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