En el marco de una escalada de conflictos regionales y la posibilidad de que Estados Unidos lo incluya en su lista de gobiernos que apoyan y dan albergue a terroristas, el presidente venezolano Hugo Chávez está aprovechando estas circunstancias para impulsar algunos aspectos de la reforma constitucional que fue derrotada en las urnas en diciembre pasado."En el frente interno [Chávez] sigue su avanzada para imponer su proyecto de comunismo del siglo XXI'', afirmó Robert Bottome, presidente de Veneconomía, una firma de consultoría empresarial con sede en Caracas.
"Lamentablemente, esta nueva arremetida está pasando inadvertida para la gran mayoría de los venezolanos, la cual está más que agobiada por la alta inflación, el desabastecimiento y, para rematar, por la confrontación con Colombia'', agregó.
Dándole nuevo impulso a los elementos centrales del proyecto de reforma de Chávez, el gobierno ha dejado en claro desde febrero pasado que se propone crear nuevos tipos de propiedad, designar zonas especiales en el país, estatizar importantes segmentos de la economía nacional, cambiar el sistema educativo, debilitar la descentralización de los poderes y limitar la autonomía universitaria, en un plan aparentemente diseñado para imponer las bases de un estado socialista.
De acuerdo con la opinión de expertos y opositores, Chávez está tratando de llevar adelante una parte sustancial de la reforma constitucional que fue rechazada en el referendo del 2 de diciembre, a pesar de que la Constitución prohíbe expresamente aplicar las reformas o volver a proponerlas en otro refendo durante el actual período presidencial, que culmina en el 2012.
Entre los artículos de la reforma que el gobierno se propone aplicar están el 115, que incluía diversos tipos de propiedad "para la construcción colectiva y cooperativa de una economía socialista''; el 103, referido al establecimiento de un sistema educativo inspirado en "los principios humanísticos del socialismo bolivariano'', y el 109, que establece importantes límites a la autonomía universitaria.
El ministro de Planificación y Desarrollo, Haiman El Troudi, anunció el 29 de febrero un plan para la aplicación de normas que serán promulgadas por vía de la Ley Habilitante, entre ellas la reforma del actual Código de Comercio, que definirá nuevos tipos de propiedad, como la pública, la propiedad social directa e indirecta, la propieda colectiva y la mixta, además de la propiedad privada.
Otro de los aspectos incluidos en el plan, es una reforma de la Ley de Ordenamiento Territorial, para "apalancar'' la creación de "zonas especiales'' y "distritos productivos'', en la línea del principio de la Geometría del Poder incluido en la reforma constitucional rechazada.
"Hay un claro intento de avanzar el proyecto de reforma constitucional en algunas propuestas del gobierno'', dijo el economista independiente Orlando Ochoa, quien advirtió que muchos de los cambios propuestos por la vía habilitante, podrían tener consecuencias negativas para el frágil clima económico del país.
De acuerdo con Ochoa, el plan de reformas económicas del gobierno puede ser interpretado como un intento de "mantener la moral en alto de los cuadros chavistas del partido socialista'', en un momento en que el país está "perturbado por el conflicto político, los controles de precio y cambiario, y un inflación en alza''.
Pero el experto advirtió que una modificación inconsulta y repentina del código de comercio, puede introducer más "incertidumbre legal'' que afecte sensiblemente el ambiente de negocios del país.
"La modificación de derechos fundamentales como la vida, la propiedad, la familia y la educación, todo tiene que ir por reformas constitucionales, ni siquiera por vía de leyes orgánicas, porque se violan las garantías constitucionales'', afirmó Alexander Guerrero, analista y economista que se opone a las políticas chavistas.
A pesar de las críticas, importantes voceros del gobierno, como el congresista Carlos Escarrá, defienden las reformas oficiales bajo el argumento de que tienen cabida en la actual Constitución, aprobada en 1999.
"La propiedad privada no sufrirá graves cambios. Los privados pueden estar tranquilos porque no se modificará el alcance de la propiedad privada'', dijo Escarrá, asegurando que la actual Constitución permite la inclusion de los nuevos tipos de propiedad.
Pero el anuncio ha generado un rechazo del sector comercial y empresarial.
"La propiedad es una sola y cuando se le quieren poner nombres o apellidos, lo que se busca es vulnerarla'', dijo Nelson Maldonado, presidente de Consecomercio, el organismo que agrupa al gremio de los comerciantes del país.
Maldonado advirtió que los cambios al concepto de propiedad privada puede "debilitar la estructura empresarial'', y condenarla "a su eventual desaparición''.
El gobierno ha emprendido además una virtual estatización parcial de la economía con la creación de redes de distribución de alimentos como Mercal y Pdval --reforzada recientemente con la adquisición de la mayor cadena de frigoríricos del país, que controla el 70 por ciento del mercado nacional-- en respuesta a un supuesto plan de Estados Unidos para impedir la compra de alimentos a Venezuela.
Y en un esfuerzo por promover empresas de producción social, el gobierno ha destinado decenas de millones de dólares a la compra de fábricas como papeleras, textileras o de materiales de construcción, para ponerlas bajo control de los trabajadores. Por razones hasta ahora poco claras, el proyecto de establecer un nuevo modelo productivo socialista no ha generado los resultados esperados.
Otro tema sensible es la reforma educativa, un proceso controlado por el hermano del presidente y actual ministro de Educación, Adán Chávez, que prevé el remozamiento del sistema con cambios en contenidos y enfoques, la incorporación de tecnología educativa y la oficalización de nuevos libros de texto.
Desde principios de año, el Ministerio de Educación ha estado impulsando importantes modificaciones en el actual currículo educativo, además del entrenamiento de miles de maestros y auxiliares educativos.
Adicionalmente, el gobierno está obligando a las universidades autónomas del país a suprimir los mecanismos de ingreso que podrían limitar el acceso a estudiantes de escasos recursos, una medida que ha sido rechazada porque supone una violación de la autonomía universitaria y promueve la intervención estatal en el ámbito academico, donde el chavismo no ha podido encontrar apoyo.
Los gremios educativos han mostrado su preocupación porque con el nuevo diseño curricular, el gobierno quiere "implantar una ideologización de la educación'', advirtió Homero Rodríguez, directivo del Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela.
"Alertamos a los padres a que estén vigilantes y no permitan que el gobierno introduzca elementos ideológicos a la educación venezolana'', dijo Antonio Ruiz, activista educativo del opositor partido Copei.
En materia de descentralización, los opositores han cuestionado los alcances de la nueva Ley de Registro Público y del Notariado.
Activistas y políticos independientes han reclamado que la nueva legislación impide que los impuestos locales sean distribuidos entre los gobiernos municipales del país, aparentemente vulnerando los principios del gobierno descentralizado y de la autonomía municipal.
Carlos Vecchio, activista comunitario y actual candidato a la Alcaldía de Chacao, en la capital venezolana, denunció que el artículo 84 de la ley regula un impuesto que ya existía, y cuya recaudación se está quedando en los bolsillo del gobierno central.
"La ley está violando la Constitución y por ello pedimos que se anule y que los recursos se queden en los municipios. Venezuela le dijo no al centralismo que se quería imponer con la fracasada reforma constitucional del pasado 2 de diciembre. Hay que hacerle caso al pueblo. Hay que respetar la Constitución'', afirmó Vecchio.
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