CARACAS (AFP) - La nueva ley que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela abrió un álgido debate entre el gobierno del presidente Hugo Chávez, que la defiende como "necesaria", y la oposición, que considera que viola los derechos humanos.El texto promulgado hace una semana para "proteger y garantizar la estabilidad, integridad y permanencia de la instituciones democráticas", es mirado con recelo por juristas y defensores de los derechos humanos porque, según ellos, no garantiza un proceso justo y promueve la delación anónima.
"Nos acerca a lo que se conoce como Estado policía, al pretender convertir a todo ciudadano en un policía, bajo el argumento del resguardo de la seguridad de la nación, so pena de incurrir en un delito", dijo a la AFP Marino Alvarado del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Concretamente, la legislación, que crea cuatro entes de inteligencia y contrainteligencia civil y militar, obliga a cualquier persona, empresa u organización --privadas o públicas, nacionales o extranjeras-- a colaborar con los servicios de inteligencia y según expertos, puede penalizar con cárcel a quien se niegue.
Además, la norma estipula que la publicación de informaciones consideradas "confidenciales o secretas acarreará responsabilidades civiles, penales y administrativas", un supuesto que afectaría a la prensa.
"Cualquier actividad de la sociedad es o puede ser sospechosa de atentar contra la seguridad de la nación", indicó el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Nikken.
El jurista señaló también que el texto es peligroso porque "consagra la posibilidad de pruebas secretas" y permite a los cuerpos de inteligencia "actuar sin orden judicial".
Además y según Nikken, "le quita competencias al Ministerio Público para que tenga el monopolio de la acción y la investigación penal".
Según el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, esta nueva ley pretende, entre otros, hacer frente a "hechos como la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país".
En palabras del responsable, que fue uno de los redactores de la ley, el nuevo Sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia es "necesario" porque antes "no existían normas" para regular estos servicios y se cometían "atrocidades y atropellos".
Nikken y Alvarado no desestiman este criterio y coinciden en que puede existir una "ley de inteligencia muy democrática".
"No está mal que exista una norma que diga qué pueden hacer y qué no las personas que trabajan para el Estado en inteligencia, pero una norma que pone a toda la sociedad al servicio de la inteligencia del Estado es una aberración", sostiene el ex miembro de la CIDH.
Otro aspecto polémico de la nueva legislación es la forma en que fue aprobada. El presidente Chávez, gracias a los poderes extraordinarios que recibió del parlamento para legislar en 2007, promulgó el texto mediante un decreto.
"Los derechos humanos no pueden ser restringidos por decretos presidenciales sino por ley, y ley, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa norma emanada del parlamento", recordó Nikken.
El presidente Chávez ha afirmado que la ley fue "bien articulada y pensada" y ha garantizado que siempre se respetarán los derechos humanos.
Sin embargo, varias organizaciones humanitarias venezolanas prevén presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de anulación de la norma por "inconstitucional" y por "ser contraria a convenciones internacionales de derechos humanos".
Alertan mayor control del Gobierno en las instituciones
El presidente Hugo Chávez ha usado la Ley Habilitante para "renovar las agencias de inteligencia de su país", según afirma Simón Romero, en un artículo de The New York Times.
De acuerdo con el informe, grupos pro derechos humanos y expertos en Derecho han reaccionado contra la ley que "obligará a los ciudadanos a informar sobre las actividades de los otros" so pena de cárcel.
La nueva ley contempla la creación de las oficinas General de Inteligencia y la de Contrainteligencia. Ambas estarán bajo control de Chávez, destaca. En opinión del periodista, los radicales cambios en el sistema de inteligencia indican que el mandatario está haciendo esfuerzos para "afirmar un mayor control sobre las instituciones, ante los desafíos políticos que enfrenta luego de que su reforma constitucional sufriera una hiriente derrota".
En días pasados, prosigue el artículo, Venezuela dijo haber sido blanco de intimidación militar de parte de EEUU, refiriéndose tanto al incidente de la violación de su espacio aéreo por una aeronave como a la reactivación de la Cuarta Flota. Ahora bien, destaca Romero, la nueva ley también pudiera reflejar la influencia cubana en las políticas de inteligencia de Venezuela, por la similitud con la figura de los Comités de Defensa de la Revolución" para notificar cualquier postura antigubernamental".
"La Ley de Inteligencia abre la puerta a una dictadura"
Para el doctor en Ciencias, mención Derecho, Carlos Figueredo Planchart, el decreto-ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia constituye una "patente de corso para entrar en un régimen totalitario". Por ello, no duda en asegurar que su promulgación es "lo más grave que ha sucedido en Venezuela en toda su historia".
Si bien compara dicho instrumento con leyes aprobadas durante el gobierno de Benito Mussolini en Italia y de Alberto Fujimori en Perú, asegura que guarda mayor similitud con el Decreto para la Protección del Pueblo y el Estado, mejor conocido como Decreto del Incendio del Reichstag, que se dictó en Alemania en el año 1933 y que propició la dictadura nazi de Adolfo Hitler.
Tal decreto suspendió, hasta nuevo aviso, siete artículos de la Constitución del Reich alemán y con ello se restrigieron los derechos de libertad personal (hábeas corpus), de opinión, incluyendo la libertad de prensa, la libertad de organizarse y reunirse, la privacidad de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, y las órdenes judiciales para allanamiento de moradas.
"Aunque acá no lo digan, están suspendiendo de hecho esos derechos. Es curioso que un régimen que acusa a todo aquel que disienta de fascista utilice técnicas totalmente fascistas (...) Se están abriendo las puertas a una dictadura", sentenció el profesor de Derecho Penal durante su intervención en la Academia de las Ciencias Políticas y Sociales.
A su juicio, la ley es represiva y le quita al Ministerio Público la obligación de la acción penal. En este sentido, el integrante de número de la Academia, Jesús Ramón Quintero, ubica al texto legal en el polo opuesto del antiguo Código Orgánico Procesal Penal (COPP). "El COPP pretendía ponerle límite al poder del Estado para que la gente pudiese defenderse, pero desde que este gobierno se instauró ha tratado de recortar el garantismo del COPP y sustituirlo por instrumentos que se suponen que son jurídicos en un Estado policía, de persecución".
Aunque Figueredo reconoce la necesidad de regular la inteligencia y contrainteligencia, advierte que deben existir controles, "instituciones como el Parlamento que digan qué es secreto de Estado, qué es seguridad de Estado".
Y es que para la presidenta de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Tatiana de Maeketl, uno de los aspectos más peligrosos del recién promulgado decreto-ley es que se "presta a la interpretación". "La seguridad de Estado (fin último de la ley) es absolutamente indeterminado (...) Aquí pareciera que se estuviese garantizando la seguridad del Gobierno".
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