La semana pasada se estrenó la novísima Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, como decreto-ley promulgado por el señor Presidente, con la única función de imponerle a la disidencia un camino legal para silenciarla. Esta ley no sólo incentiva la persecución política sino que subjetiviza la actuación de la justicia, ya que abre una amplia ventana para acusar de traidor a cualquier venezolano que -según el Gobierno- ponga en peligro con alguna declaración, comentario o simple postura a "la seguridad de la nación".
Los venezolanos imaginábamos que el último episodio de terror y persecución estatal sobre la ciudadanía había desaparecido con la caída de Pedro Estrada y todo el aparataje de la temida Seguridad Nacional. Pero ahora vemos cómo de la mano del señor Presidente nace un nuevo esbirro al mando de las bandas de represión política, prevalido de una nueva ley: Ramón Rodríguez Chacín.
Qué tristeza que en un país donde la delincuencia anda suelta y de su cuenta, donde los homicidios son el pan nuestro de cada día, donde la pobreza cada día lidera el ranking de nuestro pueblo, en ese país se estén diseñando instrumentos para acallar a las voces que denunciamos estas realidades, y se pretenda coartar la libertad de expresión, denuncia y pensamiento.
Señor Presidente: en vez de hacer decretos ley de este corte, agilice el Decreto Ley de Seguridad Social, que tanta falta le hace al trabajador venezolano. No crea que en los barrios la gente come con la "inmaculada" revolución. La gente come con trabajo, sudor y esfuerzo. Deje de jugar al paranoico espía. Dedíquese a gobernar y a solucionar los problemas. Recuerde que sus días en Miraflores están en cuenta regresiva.
Eduardo Battistini
El Universal
ebattistini@gmail.com
Espiolandia
A finales de febrero de 2007, en un vuelo de regreso desde Frankfurt, tuve la oportunidad de conocer el vivo relato de una sobreviviente del régimen comunista instalado en Bulgaria durante la guerra fría. Entre los recuerdos que asaltaban a mi interlocutora búlgara-venezolana, hizo expresa mención a la frenética actividad de espionaje realizada desde el Estado hacia todos los ciudadanos. Al nacer, cada búlgaro iniciaba su trajinar en este mundo no sólo con su individualidad, sino, con un expediente montado desde los órganos de inteligencia estatal, y en la medida que transcurrían los años, aumentaría su volumen hasta rondar los predios de la sospecha permanente. Una práctica que sólo sería conocida en Latinoamérica durante las dictaduras militares que asolaron el cono sur, valga decir, a los que hoy son criticados por la hipocresía del régimen bolivariano.
Lo ocurrido entre 1922 y 1991 en lo que se llamaría el "mundo socialista", destacaría los méritos (y descréditos) de un Estado para averiguar la vida privada de todos sus ciudadanos. Como alguna vez lo mencionara Aleksandr Solzhenitsyn, el diez por ciento de los soviéticos y habitantes de sus países satélites, dedicarían de forma exclusiva sus esfuerzos por espiar el quehacer del 90 por ciento restantes. En occidente, estas denuncias tendrían representación gráfica en la literatura que George Orwell suministró en "1984", donde, los niños y las personas más cercanas al íntimo hogar, terminaban denunciando a sus padres o parientes -vulgarmente espiándolos- en pro de un voraz totalitarismo que podría materializarse en Venezuela en un futuro casi inmediato.
En días pasados, con la peculiar imprevisión reinante en el país, el Presidente de la República promulgó mediante Decreto-Ley (nº 6.067), la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia (Gaceta Oficial nº 38.940). Fuera de las legítimas preocupaciones de amplios sectores nacionales, así como las evidentes reservas que deben tomarse ante tan polémico texto normativo; no podemos comprender cómo se privilegia en la política legislativa una ley de esta naturaleza cuando por ejemplo, carecemos de otras leyes en materias más importantes como el urbanismo. Da la impresión, tal y como se lee en la exposición de motivos y en el discurso presidencial del sábado pasado, que la nación venezolana se ve asolada por enemigos ocultos inexistentes, por conspiraciones de merengue que sólo son percibidas por funcionarios de dudosa cordura. Tal es el grado de paranoia bolivariana, que obliga a la colaboración ciudadana en las actividades de inteligencia y contrainteligencia requeridas por el Estado venezolano (artículo 24). En fin, con el decreto en ciernes se funda "Espiolandia", gobernada por grises incapaces cuyos méritos son el fracaso, la mediocridad, el resabio, el miedo y la intriga barata.
Pero lo más grave de esta ley no está precisamente en la invasión furtiva de la vida privada al ciudadano común o su conversión cuassiobligatoria en funcionario de inteligencia. Lo preocupante debe gravitar sobre la burocracia profesional pública venezolana, que sería víctima de espionaje si su trayectoria no está en consonancia con la obsesión ideológica bolivariana y socialista, o la exaltación hacia un Presidente lunático que reta sus tormentosos molinos de viento. Qui habet aures audiendi audiat.
Emilio J. Urbina Mendoza
El Universal
eurbina2001@cantv.net
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