Este miércoles, profesores y maestros se hicieron sentir. Pertrechados de reclamos: bajos salarios, crisis del sistema escolar y contra el Currículo Bolivariano (CB) manifestaron frente a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).
Pero hay más. Cuestionaron que hayan sido excluidos del incremento de 30%, decretado en abril pasado, y, peor aún, que el Gobierno se resista a negociar la nueva contratación colectiva.
Para ahondar sobre los reclamos, el presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, Edgar Bazán, expresó que el propio Ejecutivo los empujó a tomar la calle. "Hemos acudido a todas las instancias. Hemos cumplido con todos los requisitos legales, y aun así no hay ninguna respuesta. Nos asiste el derecho, artículo 6 de la convención colectiva, para ser beneficiados por el aumento por decreto presidencial del 30 de abril. Ya consignamos un pliego conciliatorio: si no hay respuestas será entonces conflictivo", exclamó.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Licenciados en Educación, Carmen Aguirrechi, ratificó que es una protesta apegada a la ley, ante la crítica situación económica de los docentes. En cuanto al CB, explicó que es una propuesta antipedagógica que sólo tiene un objetivo ideologizante. Con el agravante que viola toda la normativa educativa del país.
La docente, aseguró, que ante el silencio del Ejecutivo seguirán en la calle. El plan de ruta establece que la Asamblea Nacional y el Ministerio del Trabajo son los próximos objetivos.
Para confirmar ese anuncio, José Texeira, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Venezolana (Fenatev), adelantó que la próxima marcha será el próximo 26 de junio.
La manifestación de los docentes no tuvo un final feliz. El chavismo se hizo sentir nuevamente con el lanzamiento de unos cohetones a la concentración lo cual generó pánico entre los asistentes.
José Rodríguez aseguró que luego de la acción persiguieron a unas personas, y lograron detener a uno presuntamente perteneciente al grupo que respalda a la dirigente Lina Ron.
En ese sentido, rechazó esa violencia así como las acciones represivas que el Gobierno del estado Miranda empleó contra 17 docentes en los Altos Mirandinos, quienes reclamaban ante la Zona Educativa su derecho de jubilación, luego de 25 años de servicio. Cuestionaron la vejación de la que han sido objeto sus colegas.
El Universal
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