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El plan era sencillo. La redacción de todas las normas que se promulgarían a través de la Ley Habilitante tomaría tres meses.
Luego, los textos se someterían a una amplia discusión con el soberano durante 11 meses. Así lo planteó al país el entonces vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, el pasado 20 de enero de 2007.
La estrategia original, desvelada por Rodríguez, se dividía en dos partes: antes y después del proyecto de reforma a la Constitución, razón por la cual el Parlamento concedió al presidente, Hugo Chávez, la facultad de legislar por 18 meses.
Sin embargo, la derrota sufrida por el oficialismo el 2 de diciembre de 2007 pareció fundir el primer motor de la revolución socialista. Al menos eso se pensó hasta la medianoche del jueves, cuando el jefe de Estado venezolano firmó el ejecútese de 26 decretos ley, que se sumaron a los 37 que ya había rubricado desde la entrada en vigencia de la Habilitante.
En conclusión, Chávez redactó 63 leyes desde el 1 de febrero de 2007 hasta el 31 de julio de 2008, mientras que en 1999 sacó 50 en seis meses y en 2001 emitió 51 en 365 días. La producción final terminó superando la meta que se había trazado el dignatario nacional, que consultado hace 18 meses sobre el número de normas que aspiraba a refrendar, calculó: "Pudieran ser más de 40 ó 50".
A pesar de la cantidad, el diputado Luis Tascón considera que la Ley Habilitante "fracasó" por falta de coherencia y planificación. "El propósito de este instrumento era la construcción del socialismo y no lo hizo", sentencia el legislador.
El hecho de que hasta la fecha sólo se conozcan los títulos de los decretos ley, y no sus contenidos, evidencia para Tascón el grado de "improvisación" que padece el Gobierno. "La Ley Habilitante falló desde su formulación y ya los cinco motores de la revolución fracasaron", comenta el candidato a la Alcaldía de Caracas.
Un paso al frenteHasta el jueves, Chávez había entregado 37 textos. 24 horas más tarde, Venezuela despertaba con 26 normas más. Aquello de los 11 meses para debatir con el soberano, prometido por Rodríguez, quedaba en el tintero.
El politólogo Carlos Raúl Hernández observa que "estas leyes a la carrera, promulgadas sin que nadie haya opinado sobre ellas", son blanco fácil para la crítica de los opositores.
"Chávez está haciendo todo lo contrario a lo que debería, configurando un escenario que intensifica el deterioro político y económico del país", diagnostica el investigador, que fustiga el "lenguaje confiscatorio" empleado por el mandatario en el caso del Banco de Venezuela.
Hernández señala que, ante la metodología escogida por Miraflores para lanzar este nuevo paquete de decretos, es previsible que se presente "una reacción de la sociedad ante la pretensión de imponer en Venezuela un modelo de comunismo fracasado".
El académico opina que esta última decisión de Chávez puede "debilitar" las posibilidades de triunfo del Partido Socialista Unido de Venezuela, de cara a las elecciones regionales del 23 de noviembre.
Para sustentar esa hipótesis, Hernández recuerda lo ocurrido el 2 de diciembre de 2007. "El proyecto de reforma a la Constitución aterrorizó a un sector del país", incluidos votantes históricos del chavismo, que prefirió abstenerse o rechazar la propuesta que sentaba las bases del llamado socialismo del siglo XXI, subraya el profesor.
A su juicio, cada vez que el Presidente muestre la intención de aplicar ese modelo recibirá el castigo popular en las urnas. "La oposición debe enfocarse en demostrar que el proyecto de reforma sigue vivito y coleando", recomienda Hernández.
Ejecutivo contempla la creación de la Milicia Nacional
A casi tres años de haber reforma la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Lofan), el Ejecutivo decidió derogarla y promulgar un nuevo texto legal elaborado vía Habilitante, en el que incluye algunas consideraciones del proyecto de reforma constitucional.
Según se desprende del fallo del Tribunal Supremo de Justicia que declara la constitucionalidad del carácter orgánico del decreto-ley, el Gobierno confiere el adjetivo "bolivariano" a la Fuerza Armada Nacional y a cada uno de sus componentes, aún cuando la Carta Magna no lo consagra.
Asimismo, contempla la creación de la Milicia Nacional, en sustitución de la Reserva. Ya este punto había sido advertido por el presidente Hugo Chávez en la rueda de prensa que ofreció el Alto Mando Militar el pasado 5 de diciembre de 2007, luego del rechazo en referendo a la reforma constitucional.
"Y las milicias, no crean que eso se acabó. Vamos a modificar la Ley de la Fuerza Armada y crear las Milicias Bolivarianas", dijo en aquel entonces.
En agosto de 2007, mientras presentaba en el Parlamento la propuesta de cambio a la Carta Magna, el mandatario explicó que "la vieja figura de la Reserva nos ha servido para organizar algunas unidades, pero con muchas limitaciones legales, estructurales, financieras y de rechazo".
En general, la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Lofanb) fija "su organización, los órganos y entes que crean el sistema de defensa militar, los principios que rigen el desarrollo de la carrera militar, la clasificación del personal militar y sus categorías, las disposiciones que rigen la educación militar, el sistema administrativo que sirve de basamento a la conducta de los integrantes de la Fuerza Armada, la justicia militar y el régimen de seguridad social".
De acuerdo al fallo, la normativa, que "adecua a la FANB a los derechos humanos y al derecho internacional de los conflictos armados", sirve de marco para el desarrollo de una legislación específica posterior, dirigida a regular cada uno de los aspectos jurídicos en materia militar.
En el título que dedica a la carrera militar no se menciona a los suboficiales, pues ya el mandatario había anunciado que pasarían a ser oficiales técnicos.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad del carácter orgánico del Decreto Ley Orgánica para la Ordenación y Desarrollo del Territorio, dictada por el presidente Chávez dentro de los poderes especiales otorgadas por la Ley Habilitante.
Sin embargo, este instrumento legal no entra aún en vigencia debido a que no apareció públicado en la Gaceta Oficial No.38.984 del 31 de julio pasado, cuando expiró el plazo habilitante. Además, su disposición final establece el lapso de vacatio legis.
Según el texto del pronunciamiento de la Sala Constitucional en el contenido del decreto ley se establece como objeto "establecer los principios, criterios y objetivos estratégicos para la ordenación y desarrollo del territorio, con la finalidad de planificar, coordinar, ejecutar y controlar las políticas y esfuerzos de la acción del Estado...".
En sus normas, se establece la creación de los Distritos Productivos, inéditas figuras territoriales, así como las competencias de la Autoridad Distrital; fija quiénes son las autoridades urbanísticas y urbanas, y también regula el ámbito de competencias del alcalde o alcaldesa en materia de organización y desarrollo del territorio.
Además, fija el alcance de la definición de ordenación y desarrollo territorial, su declaratoria de utilidad pública e interés social, las actuaciones de los órganos y entes del Poder Público, de la "máxima autoridad nacional", así como la participación y consulta en la elaboración de planes. También fija el régimen territorial y urbanístico de la propiedad.
Califican de "otro madrugonazo" publicación de las 26 normas
La promulgación en el último día de plazo de la Habilitante presidencial de 26 decretos con rango de ley fue calificada por los partidos de oposición como "un nuevo madrugonazo del presidente Hugo Chávez a los venezolanos y a la Constitución Nacional".
El gobernador del Zulia y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, rechazó que la aprobación de las normas se diera a última hora y sin dar a conocer su contenido. Dijo que se trata de "un fraude legislativo (... ) una tramoya legal que se convierte en otro de los abusos que el Gobierno está acostumbrado a realizar".
Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, calificó el paquete de normas como un "madrugonazo y una tracalería". "El Gobierno tenía 18 meses con una Habilitante y no había hecho sino leyes para condecoraciones, y de un plumazo mete el tema de la reforma por contrabando (...) y ésa es la mejor razón por la cual el país entero tiene que entender que las elecciones de noviembre son la oportunidad para cambiar de raíz la estructura del poder en el país".
"Hay que meterle un freno en seco al Gobierno con esta reforma de contrabando que acaba de aparecer y la mejor forma de hacerlo es ganando gobernaciones y alcaldías".
El dirigente político Pompeyo Márquez también rechazó el conjunto de decretos ley promulgado por Chávez. Señaló que es "verdaderamente lamentable" que el Parlamento haya dejado a Chávez asumir el papel de legislador y por eso "aparecen leyes sin consultas, que no llenan las tramitaciones respectivas. Leyes que van tendiendo círculos sobre el aparato productivo, restringiendo los procesos de descentralización y recortando las libertades".
Coincidió con Borges en la importancia de que la oposición conquiste en las elecciones regionales de noviembre "victorias trascendentales que puedan impedir que Chávez avance en su proyecto autocrático".
Copei coincidió con Primero Justicia en calificar la publicación de las normas como un madrugonazo más del jefe de Estado. Luis Ignacio Planas, presidente de esa tolda, señaló que a través del mecanismo habilitante se aprobaron leyes que no se consultaron suficientemente.
"Atrás quedó el parlamentarismo de calle, la consulta al soberano; atrás quedó el convocar a los sectores interesados para escuchar su opinión. Es una lástima que la oportunidad que teníamos todos de contribuir en la elaboración de las leyes que le hacen falta al país se haya desperdiciado".
Destacó que "lo único que se conoce del conjunto de instrumentos son los títulos y dudo de que todos ellos estuvieran realmente culminados. Lo que hoy podemos revisar es que se aprobaron los títulos de las leyes, los nombres; no tenemos ni siquiera el contenido, con lo cual quizá ni siquiera están listas y será después cuando en los próximos días terminarán de elaborarlas para publicarlas".
A juicio de Planas, lo que el Presidente hizo fue ponerse una vez más de espaldas al pueblo. "Él aprovechó el lapso que tenía, y frente a la inminencia de su culminación, hizo lo que estuvo a su alcance para publicar unos títulos de leyes, que representan un golpe de Estado a la Constitución".
Los estudiantes universitarios también se refirieron a los 26 decretos ley promulgados el último día de vigencia de la Ley Habilitante. Ricardo Sánchez, presidente de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, dijo que saldrán a la calle a defender la Constitución y a detener este nuevo atropello a la democracia.
Sala Constitucional modificó condición de sólo una de las leyes
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Sólo a una de las 17 leyes orgánicas aprobadas por el presidente Hugo Chávez a través de la Ley Habilitante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le retiró ese carácter. La razón: No cumplir con los requisitos establecidos en la Carta Magna para ser considerada como tal (no organiza ningún poder público ni regula derechos fundamentales).
El instrumento en cuestión es la Ley de Estabilidad Laboral, texto mediante el cual el Ejecutivo nacional busca erradicar de Venezuela los despidos injustificados y prohibir cualquier tipo de acuerdo extrajudicial que conlleve el pago de indemnizaciones por desincorporaciones sin sustento.
En el fallo redactado por la magistrada Luisa Estella Morales se afirma que "el Decreto (...) al crear órganos y articular los procedimientos que deben materializar la justicia laboral administrativa, no regula de forma directa el ejercicio derecho-deber constitucional al trabajo sino que refuerza o protege (...) un aspecto tangencial del derecho consagrado en el ar- tículo 87 de la Constitución en tanto desarrolla aspectos procedimentales y técnicos supeditados a los principios y reglas que rigen en materia laboral".
Esta resolución no implica la anulación del texto. Sólo se modifica su nombre y los votos necesarios para su eventual reforma por parte del Parlamento (ya no se requiere mayoría calificada, sino absoluta).
Llamó la atención que sobre algunos de los instrumentos anunciados en la Gaceta Oficial 38.984, de fecha 31 de julio, la Sala no se pronunció sobre la constitucionalidad del carácter orgánico que les dio el Gobierno, al menos según la web del TSJ.
La Ley Orgánica de Transporte Ferroviario Nacional, la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se encuentran en la situación antes mencionada.
Fuentes del máximo juzgado explicaron que esto se debe a que "si la Constitución u otra ley orgánica le da el carácter orgánico a esos textos no tienen por qué ser evaluados por la Sala".
En esta situación se encuentran la Ley Orgánica de la Procuraduría, calificada como tal por el artículo 247 del texto fundamental o la de la Administración Financiera del Sector Público, de acuerdo con la norma 312 constitucional, pero la Constitución en ninguna de sus normas hace referencia expresa a ninguna ley sobre este sistema de transporte.
Sin embargo, a la Ley de la Fuerza Armada la Carta Magna sí la califica como orgánica. No obstante, ésta fue uno de los instrumentos evaluados por la Sala (sentencia 1.255).
Critican el procesoEl abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli calificó de "irregular" el hecho de que algunas de las leyes orgánicas anunciadas en la Gaceta Oficial no contaran con el visto bueno del TSJ y el hecho de que no fueran publicados los textos íntegros de los instrumentos.
"En lugar de dictar las leyes antes de que venciera el lapso, las anuncian y dicen que próximamente publicarán los textos. Ahora a nadie le consta lo que había ahí y el Gobierno puede sacar lo que sea", advirtió.
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