Desde el arbitrario decreto que confiscaba la sede de Polar en la zona industrial de Barquisimeto, los venezolanos descubrimos a una clase obrera organizada, tenaz, unida y dispuesta a enfrentarse pacíficamente a un Gobierno violento e irracional que, con amenazas de estatización, venía hostigando a la empresa. Aún resuenan los impublicables insultos de Chávez contra el silente y laborioso Lorenzo Mendoza, presidente de Polar. La valiente posición sindical en defensa de sus más de 30 mil empleados que disfrutan de los beneficios más envidiables del país -con lo que se derrumba la marxistoide mentira sobre la "explotación" capitalista- rompía años de complacencia con un Gobierno que se autocalifica defensor de los trabajadores y que, sin embargo, mantiene sin convenios colectivos a la numerosa nómina pública, con deudas laborales acumuladas y con prácticas humillantes como la obligatoriedad de asistir a los mítines presidenciales y del PSUV, amén de obligarlos a ponerse franela y gorra rojas y amenazarlos con despido si no le dan el voto. Las razones de los empleados de Polar -que han persistido en su vigilia a las puertas de los galpones de Barquisimeto, aún amenazados de confiscación- choca con el cuento oficial de utilizar tales terrenos para la construcción de viviendas que nunca se harán realidad, como ha ocurrido durante los últimos once años. Como logro de su costoso periplo, el confiscador anuncia la compra de 37 mil casas que si las hicieran constructoras venezolanas, serían más baratas y de mejor calidad y darían empleo a miles de trabajadores que hoy forman parte de los seis millones de desempleados (¿esas 37 mil casas terminarán como las de Uruguay y las petrocasas, que fueron pasto de las ratas en galpones, sin que ni una de ellas haya sido edificada para los pobres damnificados?).
Con 200 empresas confiscadas en lo que va de año, Chávez dice estar sustituyendo el capitalismo salvaje por una economía "socialista" que pondrá fin a la "explotación" obrera en manos de las oligarquías nacionales y trasnacionales. Sin embargo las cada vez más numerosas protestas laborales a raíz del asalto oficial contra Agroisleña y Owens Illinois, y el peligro que se cierne sobre La Polar, Cargill y las que están en la lista prometida por el enceguecido confiscador, demuestran que, en el pasado, cuando los sindicatos más críticos pertenecían al sector público y la contratación colectiva de las empresas de Guayana y Pdvsa eran las más envidiadas, hoy sus trabajadores son víctimas de violaciones a sus derechos laborales, los seguros de salud no están vigentes por deudas oficiales enormes con las clínicas y solo cuentan con hospitales destartalados, sin médicos suficientes y sin insumos, mientras la quebrada Alcasa está pagando $ 389 mil a una empresa de Fidel por "asesorar" a los venezolanos lo que estos ya saben y los cubanos ignoran.
Los obreros que aplaudían la estatización de Sidor, hoy añoran cuando cobraban completo y firmaban sus contratos colectivos o, de lo contrario, hacían huelga. Hoy van presos quienes protestan, como el dirigente sindical (González) de Carbonorca. El presidente del sindicato de Pdvsa, Willy Rangel, tiene en su conciencia no haber denunciado los muertos y heridos causados por el caos en las refinerías, ni la violación del contrato colectivo y el maltrato laboral. Mientras los trabajadores privados disfrutan de seguros de salud que funcionan, cesta tickets pagados religiosamente, buenos salarios y colegio para sus hijos, la directiva rojita de la confiscada Fama de América persigue al sindicato que aupó la estatización. El Sebin amedrenta a los trabajadores de Planta Centro cuando se producen apagones, a sabiendas de que el responsable de que no haya luz es quien regaló los recursos a sus compinches cubanos, nicaragüenses y bolivianos. El Gobierno redujo los sueldos y la nómina de las cementeras confiscadas, y la promesa de "garantizar" seguridad laboral para los trabajadores de la Owens Illinois no vale nada, porque en Agroisleña ya son más de 40 los despedidos y muchos más los maltratados.
Chávez y Jaua dejan a Polar sin los envases de vidrio para el 88% de lo que produce e impiden que reciba las cosechas arrimadas durante décadas por los campesinos dependientes de Agroisleña. El desabastecimiento alcanza ya un 38% y el consumo ha caído un 12%. Al desestimar que en manos oficiales quebrarán Agroisleña y Owens (como ha ocurrido con las demás empresas confiscadas) y que el desabastecimiento se disparará al reducir criminalmente la producción de Polar, Chávez y Jaua están jugando con fuego. El descontento popular y laboral es un barril de pólvora que podría explotar en cualquier momento.
Con 200 empresas confiscadas en lo que va de año, Chávez dice estar sustituyendo el capitalismo salvaje por una economía "socialista" que pondrá fin a la "explotación" obrera en manos de las oligarquías nacionales y trasnacionales. Sin embargo las cada vez más numerosas protestas laborales a raíz del asalto oficial contra Agroisleña y Owens Illinois, y el peligro que se cierne sobre La Polar, Cargill y las que están en la lista prometida por el enceguecido confiscador, demuestran que, en el pasado, cuando los sindicatos más críticos pertenecían al sector público y la contratación colectiva de las empresas de Guayana y Pdvsa eran las más envidiadas, hoy sus trabajadores son víctimas de violaciones a sus derechos laborales, los seguros de salud no están vigentes por deudas oficiales enormes con las clínicas y solo cuentan con hospitales destartalados, sin médicos suficientes y sin insumos, mientras la quebrada Alcasa está pagando $ 389 mil a una empresa de Fidel por "asesorar" a los venezolanos lo que estos ya saben y los cubanos ignoran.
Los obreros que aplaudían la estatización de Sidor, hoy añoran cuando cobraban completo y firmaban sus contratos colectivos o, de lo contrario, hacían huelga. Hoy van presos quienes protestan, como el dirigente sindical (González) de Carbonorca. El presidente del sindicato de Pdvsa, Willy Rangel, tiene en su conciencia no haber denunciado los muertos y heridos causados por el caos en las refinerías, ni la violación del contrato colectivo y el maltrato laboral. Mientras los trabajadores privados disfrutan de seguros de salud que funcionan, cesta tickets pagados religiosamente, buenos salarios y colegio para sus hijos, la directiva rojita de la confiscada Fama de América persigue al sindicato que aupó la estatización. El Sebin amedrenta a los trabajadores de Planta Centro cuando se producen apagones, a sabiendas de que el responsable de que no haya luz es quien regaló los recursos a sus compinches cubanos, nicaragüenses y bolivianos. El Gobierno redujo los sueldos y la nómina de las cementeras confiscadas, y la promesa de "garantizar" seguridad laboral para los trabajadores de la Owens Illinois no vale nada, porque en Agroisleña ya son más de 40 los despedidos y muchos más los maltratados.
Chávez y Jaua dejan a Polar sin los envases de vidrio para el 88% de lo que produce e impiden que reciba las cosechas arrimadas durante décadas por los campesinos dependientes de Agroisleña. El desabastecimiento alcanza ya un 38% y el consumo ha caído un 12%. Al desestimar que en manos oficiales quebrarán Agroisleña y Owens (como ha ocurrido con las demás empresas confiscadas) y que el desabastecimiento se disparará al reducir criminalmente la producción de Polar, Chávez y Jaua están jugando con fuego. El descontento popular y laboral es un barril de pólvora que podría explotar en cualquier momento.
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