La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó que en materia de libertad de prensa ha habido un "marcado deterioro" en la región desde octubre pasado, las amenazas contra la libertad de expresión siguen partiendo de los gobiernos y "los casos más sobresalientes fueron los de Cuba y Venezuela", destacó el documento de conclusiones de la reunión semestral de la SIP que comenzó el pasado viernes y fue clausurada ayer en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Se cita además: ocho asesinatos de periodistas, siete de ellos ocurridos en México y uno en Haití, dos periodistas mexicanos desaparecidos y dos decenas de denuncias de amenazas de muerte que afectan a periodistas de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Las cifras están incluidas en el documento elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información a partir de los informes nacionales. El texto final fue aprobado ayer tras un amplio debate en el que se hicieron correcciones, modificaciones y agregados a la propuesta original, citó Efe.
El caso del canal Radio Caracas Televisión (RCTV), al que el Gobierno venezolano ha amenazado reiteradamente con no renovar su licencia después del 27 de mayo, está recogido en las conclusiones, así como la multa de 1.500 millones de bolívares (unos 700.000 dólares al cambio oficial) impuesta a esa empresa por un tribunal administrativo. La SIP atribuye a la "línea editorial independiente" de RCTV sus problemas, aunque recoge en las conclusiones que el gobierno de Hugo Chávez ha manifestado que se basa en las quejas recibidas por la forma en que el canal cubre las noticias. También se mencionan en las conclusiones la "presión" sobre el canal Globovisión y la "programación ideológica" que emiten los canales de televisión estatal y las radios comunitarias.
"El proceso que viene desarrollando en Venezuela el gobierno del presidente Hugo Chávez para suprimir la libertad de expresión e información (...) registra acciones, amenazas e incidencias cada vez más graves y desafiantes", dijo la SIP, citada por Reuters.
El organismo también recalcó que Venezuela utiliza de forma discrecional la publicidad estatal para "doblegar" a medios de comunicación y usa a los canales de televisión públicos para difundir un "adoctrinamiento ideológico".
El sábado, durante la presentación del informe correspondiente a Bolivia, Pedro Rivero, director ejecutivo del diario El Deber denunció lo que se considera una injerencia del presidente venezolano Hugo Chávez cuando que en sus más recientes visitas a Bolivia "no tuvo empacho en fustigar a autoridades y medios de prensa nacionales".
Asimismo, indicó que el gobierno está fomentando el surgimiento de medios de comunicación "sindicales y comunitarios" en poblaciones del país cuyo financiamiento y recursos "han sido proporcionados por el gobierno de Venezuela".
El vocero boliviano indicó que la creciente polarización en el país entre los opositores y los simpatizantes del régimen se refleja entre los periodistas.
Ayer mismo el presidente de Bolivia, Evo Morales, respondió a la SIP y dijo que soportará "las humillaciones y ofensas de algunos medios de comunicación" y continuará con su obligación de dotar de radios comunitarias a la población pobre boliviana, para que diga "su verdad". Las radios populares cuentan con un aporte económico del gobierno de Chávez.
El ministro de Comunicación e Información y secretario de organización del MVR, Willian Lara, rechazó las consideraciones que sobre la libertad de expresión en Venezuela se han emitido durante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realiza en Cartagena, Colombia.
Durante una rueda de prensa el ministro señaló que "Decir que no hay libertad de expresión en país es la más descarada de las mentiras, Venezuela es un país campeón en libertad de expresión",
Lara calificó como otra "agresión de la SIP contra la democracia venezolana" pretender establecer una plataforma propagandística para impulsar los intereses particulares de un grupo oligárquico, como el 1BC que se obsesiona por desconocer el Estado de Derecho venezolano; y la voluntad legal de no ratificar la concesión RCTV".
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