Venezuela y Cuba son los dos únicos países que figuran en el prefacio del reporte sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que difundió ayer el Departamento de Estado norteamericano en el Congreso de EEUU.
Según el informe, en Venezuela el presidente Hugo Chávez "continuó consolidando el poder en el brazo ejecutivo" del gobierno durante 2006. Además, "el gobierno siguió acosando a la oposición y a las organizaciones no gubernamentales y debilitando la independencia judicial", citó ANSA.
En un costado positivo, el informe reconoció que los observadores internacionales "juzgaron en general libres y justas las elecciones de diciembre, en las que el presidente Chávez ganó la reelección con 63% de los votos".
"En su discurso inaugural -recordó la cancillería estadounidense-, el presidente Chávez pidió a la Asamblea Nacional, en la que sus partidos controlan el 100% de las bancas, que le concedan poder para gobernar a través de decretos ejecutivos".
Por su parte, Efe refleja que el informe del Departamento de Estado destaca la "politización del sistema judicial y el hostigamiento de la oposición y los medios de comunicación".
El Departamento de Estado afirmó que en Venezuela el año pasado se registraron "muertes ilegales, desapariciones que, según se informó, involucraron a las fuerzas de seguridad, y tortura y abuso de detenidos".
El informe también mencionó las malas condiciones de las prisiones, arrestos y detenciones arbitrarios, y "un sistema judicial corrupto, ineficaz y politizado que se caracteriza por la demora de los procesos, la impunidad y la violación del proceso debido".
Asimismo, según EEUU, en Venezuela se producen interferencias ilegales de las conversaciones telefónicas y allanamientos de residencias privadas, y el gobierno intimida y ataca a los medios de prensa independientes.
Al mismo tiempo el informe indicó que "no hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieran algunos asesinatos motivados políticamente. Sin embargo, las fuerzas de seguridad cometieron algunos homicidios ilegales, incluidas las ejecuciones sumarias de supuestos criminales, y el maltrato de personas bajo custodia resultó en muertes". El capítulo sobre Venezuela, de 34 páginas, da detalles de algunos de estos incidentes, y añade que "los fiscales rara vez iniciaron procesos contra quienes perpetraron esos crímenes".
"Cuando los fiscales investigaron, alegaron que las escenas de crímenes no habían sido preservadas, y que las técnicas de investigación deficientes y el cambio constante de personal determinaban que los casos políticos o de abuso de derechos humanos se demoraran por tiempo indefinido", señaló el Departamento de Estado.
Las sentencias, cuando las ha habido, "frecuentemente han sido livianas, y las condenas a menudo se anularon en la apelación", agrega el Departamento de Estado. "Los miembros de las fuerzas de seguridad acusados o condenados por crímenes rara vez han ido a prisión".
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