Los 19 periodistas asesinados en América en 2006, dos de los cuales eran venezolanos; las docenas de agresiones físicas y amenazas que contra otros más se registraron y la persecución penal de la que son víctimas otro tanto encendieron las alarmas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual calificó de "muy preocupante" la situación de la libertad de expresión en la región.La afirmación la realizó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su informe correspondiente a 2006.
En su reporte, Ignacio Álvarez exigió a los Estados miembros de la OEA "otorgar debida atención a la situación de violencia contra periodistas en la región y la impunidad de los casos respectivos, emprendiendo acciones efectivas que impliquen en la práctica la imposición de sanciones a los autores de tales crímenes".
Asimismo demandó la derogación de las leyes de desacato, las cuales en el caso de Venezuela fueron empleadas el año pasado para reabrir el proceso contra el periodista Napoleón Bravo, por presuntas ofensas al Tribunal Supremo; y llevar ante la Justicia al comunicador tachirense Gustavo Azócar y a la directora de El Siglo, Mireya Zurita, según reseñó Álvarez en su informe.
El relator solicitó a las autoridades "abstenerse de utilizar el Poder Público para castigar o premiar, ya sea a través de la asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial, procesos administrativos, presiones u otros medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
Álvarez expresó su preocupación por "la concentración y los monopolios en la propiedad y control de los medios, ya sea por parte del Estado, de individuos o empresas", por considerar que "afectan el pluralismo, componente fundamental de la libertad de expresión".
Chile protesta cierre de RCTV
Con 44 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un acuerdo en el cual solicitan a la mandataria de ese país, Michelle Bachelet, que exprese en nombre de la República su más enérgica protesta ante la OEA por "el atentado a la libertad de pensamiento y de expresión que en forma arbitraria pretende consumar el presidente de Venezuela al negarse a renovar la concesión de la estación de televisión RCTV (...) por el solo hecho de mantener una línea editorial e informativa distinta al pensamiento de dicho jefe de Estado", señala el documento.
El Universal
No hay comentarios.:
Publicar un comentario