Hugo Chávez, desde que llegó al gobierno, siempre trató de destruir la institucionalidad de la Fuerza Armada. Ese ha sido quizás uno de los objetivos más claros de su acción política. Su pasado conspirativo y la propia historia de Venezuela le hicieron ver el riesgo que significaba para la estabilidad de su gobierno una Fuerza Armada apegada a la Constitución Nacional. Por eso trató primero de corromperla mediante el manejo, sin control, por los comandantes de guarnición de inmensas cantidades de dinero para conducir unos ineficientes planes cívico-militares. Después la purgó progresivamente enviando a cientos de oficiales sin cargo a sus casas y por último provocó la crisis del 11 de abril de 2002 para determinar con certeza el grado de lealtad, en todos los niveles, de los mandos militares. Eso es verdad, pero siempre trató de esconder ese objetivo político con las banderas de la democracia y la constitucionalidad.
Esta nueva provocación a la Fuerza Armada debe tener alguna razón no fácil de explicar. Fue una declaración imprudente e impolítica, que dejó a un lado las anteriores banderas. Esta actitud sólo puede entenderse, si el gobierno chavista, ante las informaciones de un importante descontento militar, quiere evitar que éste se exprese en medio del gran debate que surgirá en nuestra sociedad como consecuencia a la reelección indefinida y a la reforma constitucional. ¿Caerán los miembros de la Fuerza Armada en esta nueva tramoya organizada por Hugo Chávez? Espero que no. Lamentablemente, ya empezó a circular el rumor sobre la baja de un importante número de oficiales y suboficiales. No deben hacerlo. Con serenidad hay que esperar que el régimen revolucionario continúe cometiendo errores. Cada día son más numerosos. Esta declaración es uno de ellos. A partir de este momento, el gobierno chavista se encuentra fuera del marco constitucional. Eso es muy delicado. Compromete su estabilidad interna y su prestigio internacional.
La autoridad de Hugo Chávez sobre la Fuerza Armada surge justamente de la propia Constitución Nacional. Al violarla flagrantemente, esa autoridad queda cuestionada. Sus miembros dejan de tener la obligación de obedecerle. ¿Qué pensarán realmente el ministro de la Defensa y el Alto Mando Militar de esta situación tan particular? Las declaraciones del general Raúl Baduel, en el programa dirigido por ese personaje de marras que se llama José Vicente Rangel, no fueron convincentes. Incrementaron, aún más, las dudas ciudadanas. La ideología de la Fuerza Armada no debe estar en sintonía con las políticas públicas del gobierno de turno, sino con los principios constitucionales. Justamente, por esa razón es una institución del Estado y no del gobierno. El general Baduel debe recordar que la principal obligación de la Fuerza Armada es cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Ese es también su deber como general y ministro de la Defensa.
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